La gestión de la Generalitat de Cataluña, paralizada: la Administración bloquea la movilidad de funcionarios

La parálisis de la Generalitat a la hora de convocar plazas de movilidad en Justicia está bloqueando los cambios de los empleados públicos de otras regiones a Cataluña e incluso entre las propias provincias de la comunidad, señala el sindicato CSIF. Como describe su presidente de Justicia, Francisco Lama, la Generalitat es la única comunidad que aún no ha convocado estas plazas de movilidad para este año. El sindicato estudia acciones judiciales, al entender que se podría vulnerar la igualdad de los empleados públicos para cambiar su plaza.

Ello se suma a la no convocatoria de oferta de empleo público para este año. «Si el deseo de la Generalitat es facilitar el acceso a la Administración de Justicia del numeroso y mayoritariamente experto personal interino, debería estabilizar el empleo y evitar la fuga de talento», reclama el sindicato.

Además de estas polémicas, el Gobierno catalán ha anunciado sus planes para transferir competencias a organismos como una Hacienda propia, pese a que la ley no le faculte para ello. Con el objetivo de proteger a los empleados públicos, CSIF ha desarrollado un protocolo de actuaciones para que los empleados no vulneren la Ley por cumplir órdenes, y las pidan por escrito.

Un desvío de déficit de dos puntos

Cataluña cerró 2015 con un déficit del 2,7% (junto a la Comunidad Valenciana la que más se desvió del objetivo del 0,7%). La Generalitat alega que la desviación se explica en buena parte por la obligación de imputar al déficit de 2015 el pago de infaestructuras de antes de 2010. Sin esos «efectos extraordinarios», Cataluña estaría en la media española, asegura la Generalitat.

La deuda se duplica en la etapa de Mas

La evolución de la deuda pública catalana -72.274 millones de euros a cierre de 2015, el 35% de su PIB- se ha más que doblado desde que Artur Mas recuperó la Generalitat para CiU en noviembre de 2010. El incremento de la deuda y el deterioror de las finanzas de la Generalitat, en parte debido al legado de los gobiernos tripartitos, ha sido palalelo al proceso soberanista.

Sanidad y servicios sociales desmantelados

Cuando Artur Mas consiguió la presidencia de la Generalitat en 2010, prometió el «gobierno de los mejores», presumiendo de un ejecutivo que centrado en la gestión, con el «proceso soberanista» aún inédito. Cuando en 2012 CDC se tira por la pendiente independentista, la promesa de buena gestión queda enterrada bajo innombrables fiascos, obra de un ejecutivo que centra todos sus esfuerzos en los planes de secesión y no tiene margen de continuidad por los sucesivos adelantos electorales. Entre las «tachas», una sanidad desmantelada por los recortes, servicios sociales en retroceso y errores de calado en su privatización más importante (ATL), anulada por la Justicia.

72.274 millones

Las cuentas públicas catalanas se han deteriorado gravemente en los últimos años de deriva independentista. La deuda pública alcanza los 72.274 millones de euros. Esta cifra en 2010 era de 30.616 millones de euros. Tanto el segundo gobierno tripartito como los de Artur Mas dispararon la deuda.