España denuncia en la OSCE la violación por la Generalitat de los datos personales de millones de catalanes
La embajadora reclama el fin del acoso a las fuerzas del orden y las amenazas a los no independentistas
España denunció en una comparecencia a petición propia ante la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) el uso y difusión de los datos personales de millones de catalanes por parte de la Generalitat de Cataluña con motivo del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre. En una intervención ante el Consejo Permanente de ese organismo, que agrupa a 57 países, la embajadora española, María Victoria González Román, subrayó que lo sucedido puede constituir «una violación masiva del derecho fundamental a la protección de datos personales».
La representante permanente de España, que ya expuso hace una semana la posición española ante el desafío secesionista de las autoridades catalanas, hizo un detallado repaso a lo sucedido en la jornada del pasado domingo, indicando que ese día se asistió a «un ejercicio de desobediencia y desacato a la autoridad judicial inducido desde las propias instituciones que representan al Estado en Cataluña» y a la «escenificación de la ruptura con el Estado democrático de Derecho».
Parte de la intervención de González Román respondió a las preocupaciones expresadas por la directora de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (ODIHR) de la OSCE, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, acerca de la a ctuación de las Fuerzas de Seguridad, y del responsable de libertad de medios de la misma organización, Harlem Désir. A ambos les ha contestado por carta el Gobierno español.
Entre otras cosas, la embajadora, tras poner de relieve «la flagrante violación del Estado de Derecho , el atentado grave al interés general y las violaciones de derechos y libertades fundamentales de millones de ciudadanos», destacó que las Fuerzas de Seguridad han actuado en defensa del ordenamiento constitucional español y por mandato judicial, «en un contexto de enorme hostilidad». Añadió que esa actuación iba dirigida a requisar un material destinado a la perpetración de un acto declarado ilegal por los tribunales.
En cualquier caso, ha indicado que en la medida en que se hayan producido abusos o extralimitaciones en el uso de la fuerza, el Estado de Derecho actuará por medio de los jueces en respuesta a las denuncias que se presenten, pero recordó que España es el país con menos condenas por habitante en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Después, aclaró que frente a los más de 800 heridos, que se afirmó que hubo, la realidad es que sólo fueron hospitalizadas cuatro personas (dos de carácter leve, que fueron dadas de alta el día 2; una persona de 70 años que sufrió un paro cardiaco y un herido de mayor consideración que permanecen ingresados), mientras que hubo más de 30 guardias civiles y policías heridos.
En este sentido, ha subrayado el hecho de que « han abundado las fotografías trucadas y se han utilizado imágenes de otros episodios pasados para ilustrar los incidentes del día 1».
En cuando a las votaciones, hizo recuento de las numerosas irregularidades detectadas, como inexistencia de un censo, ausencia de interventores , impresión de papeletas por los propios votantes, votos múltiples, colocación de urnas en calles y en casas particulares, recuentos de votos en lugares atípicos como templos de culto, uso de urnas opacas y urnas llenas de antemano de papeletas, etc.
La embajadora ha expresado la preocupación por «el uso, el tratamiento y la difusión de datos personales de millones de ciudadanos catalanes (direcciones, teléfonos y documentos de identidad), en lo que pudiera constituir una violación masiva del derecho fundamental a la protección de datos personales».
De igual modo, ha llamado la atención sobre las « a ctitudes nacionalistas excluyentes y radicalizadas que rayan en la xenofobia» y afirmado que «deben cesar los acosos y las persecuciones contra las fuerzas del orden y las amenazas y señalamientos a los ciudadanos que no son independentistas».
