El Defensor del Pueblo se posiciona en contra de los lazos amarillos
Reclama a la Generalitat que retire los símbolos del independentismo de los edificios públicos al ser «incompatibles» con el principio de neutralidad ideológica
El Defensor del Pueblo , Francisco Fernández Marugán, ha dicho hoy que el principio de neutralidad ideológica propio de una sociedad pluralista es «incompatible con la presencia en los edificios y espacios públicos de símbolos de una ideología».
Lo ha señalado en una declaración institucional, ante los recientes acontecimientos en Cataluña, y en la que ha mostrado «su preocupación por el deterioro de la convivencia en los espacios públicos catalanes ».
Además, ha reclamado a los poderes públicos de Cataluña que respeten «el principio de neutralidad ideológica que debe regir cualquier sociedad libre, abierta, democrática y tolerante».
Ha condenado las agresiones sufridas por una ciudadana que retiraba lazos amarillos en Barcelona y por un trabajador de Telemadrid en el transcurso de una manifestación y ha deseado que la próxima Junta de Seguridad Estado-Generalitat (este jueves) aborde la situación derivada del uso y retirada de símbolos de contenido ideológico en los espacios públicos.
Un Estado de Derecho está sometido a reglas de diverso contenido para garantizar que sea «un espacio compartido», según Fernández Marugán, que ha argumentado: «los derechos de reunión y manifestación o el de uso de los espacios públicos no son ilimitados precisamente para preservar la seguridad y la convivencia».
Ha recordado que la Institución ya ha comenzado a recibir y tramitar quejas sobre el uso de símbolos ideológicos en los edificios públicos .
El pasado 7 de agosto amparó a un ciudadano que se quejaba de la instalación de lazos amarillos en la fachada principal del Hospital de Santa Creu i Sant Pau de Barcelona.
El Defensor escribió a la Consejera de Salud de la Generalitat afirmando que « la libertad de expresión de las personas en instalaciones públicas tiene un límite en el principio de neutralidad ideológica de los poderes públicos, que no son partidos políticos o entidades de la sociedad civil».
«Los ciudadanos que acuden a ellas (hospitales, instalaciones policiales, delegaciones de Hacienda y un largo etcétera) tienen una pluralidad de posiciones sobre las más diversas cuestiones, todas las cuales deben ser respetadas sin que nadie pueda sentirse molesto o ajeno a la institución pública de que se trate, que es de todos y para todos», ha enfatizado el Defensor.
El 30 de agosto el diputado de Ciudadanos Juan Carlos Girauta solicitó la intervención del Defensor para la investigación o esclarecimiento de actos, resoluciones y conductas concretas producidas en las Administraciones Públicas, que afecten a un ciudadano o grupo de ciudadanos .
Girauta hacía referencia -continúa el Defensor- a la ocupación de las sedes físicas oficiales o dependencias de la Administración de la Generalitat o del Govern, así como de los Ayuntamientos, con símbolos (lazos amarillos, cruces, pancartas, esteladas). representativos o vinculados a unas determinadas ideas políticas.
Se aportaban fotografías de instalaciones de la Generalitat así como de los Ayuntamientos de Barcelona, Girona, Reus, Vic y Berga.
Ante estos hechos, el Defensor ha reiterado: «Los poderes públicos deben respetar el principio de neutralidad ideológica propio de una sociedad pluralista».
«Ello es incompatible con la presencia en los edificios públicos -máxime teniendo en cuenta que es permanente- de símbolos propios de una ideología, el respeto a la cual debe cohonestarse con el respeto a las demás que concurren en una sociedad libre, abierta, democrática y tolerante», ha aclarado.
El Defensor ha asegurado que, además de tramitar las quejas que reciba sobre estos asuntos, amparará, en su caso, a los ciudadanos y entidades afectados .
«El Derecho, expresión de una ética pública, compartida y vinculante, debe prevalecer» , según Fernández Marugán, que ha deseado que la Junta de Seguridad Estado-Generalitat que se celebrará este jueves en Barcelona aborde la situación «derivada del uso y retirada de símbolos de contenido ideológico en los espacios públicos».
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