La Audiencia Provincial cierra la vía para investigar a Aguirre por el Hospital Puerta de Hierro
Confirma la decisión de la juez instructora, que rechazó la petición de Anticorrupción de imputar a la expresidenta de Madrid
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid tampoco ve razones para imputar a la expresidenta regional Esperanza Aguirre por la gestión de las camas del Hospital Puerta de Hierro, una diligencia que solicitaba la Fiscalía Anticorrupción y que le fue negada por la instructora de la causa, Mónica Aguirre. Considera, como la juez, que no se puede citar a una persona sólo por el puesto de responsabilidad que ocupase.
En una resolución a la que tuvo acceso ABC, el tribunal rechaza así el recurso de apelación directo que presentó Anticorrupción cuando la instructora negó sus pretensiones, que pasaban también por citar como imputados al exconsejero de Sanidad Juan José Güemes y la ex viceconsejera de Asistencia Sanitaria Ana Sánchez.
Los magistrados coinciden con la juez instructora en que «el mero hecho» de que Aguirre fuese presidenta de la Comunidad de Madrid y Güemes su consejero en las fechas de los hechos no es razón suficiente para citarles como imputados, tal y como impone la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre «la proscripción de atribuciones objetivas de responsabilidad» sólo por razón de la posición o cargo que una persona ostenta.
La investigación se sigue por el cambio de habitaciones dobles a individuales en el Hospital Puerta de Hierro, situado en la localidad madrileña de Majadahonda, por el que se r edujo su capacidad en 135 camas sin seguir los cauces administrativos previstos y ocasionando un menoscabo económico a la Comunidad de Madrid, que seguía pagando por ellas.
La investigación data de noviembre de 2020, cuando la Fiscalía Anticorrupción presentó querella contra la que fue directora general de Planificación, Infraestructuras y Equipamientos Sanitarios bajo gobierno de Esperanza Aguirre en Madrid, Elena de Mingo.
Conforme resume la Audiencia Provincial, «se le imputaba de forma específica que sabiendo de la ilegalidad y omitiendo de forma absoluta el más mínimo procedimiento de modificación de contratos previsto en la legislación vigente y en el pliego de cláusulas administrativas, procedió a modificar de facto el contrato de concesión de obra pública» transformando en individuales aquellas 135 habitaciones.
Para aquella modificación, que se ordenó en mayo de 2008, se invocó «como sustento habilitante justificativo» una resolución dictada por la dirección general que comandaba «dictada a requerimiento de la presidenta» Esperanza Aguirre, una resolución que, conforme recuerdan los magistrados, «jamás existió». Anticorrupción sostiene que al margen de ello, se debió restablecer el equilibrio económico del contrato a favor de la Administración y no se hizo. Aprecia un delito de prevaricación administrativa en concurso con otro de malversación.
Los dos investigados asumieron su gestión
Durante su declaración como investigada, la exdirectora general asumió la propuesta de modificación, que se dictó «en el ámbito de la puesta en funcionamiento» del hospital y «a la vista de que el resto de hospitales tenían habitaciones dobles de uso individual». «En todo caso, señaló que se trataba de un proyecto de modificación, como 43 órdenes anteriores, firmado por ella misma y que fue trasladado al Servicio Madrileo de Salud como órgano de contratación», recoge la Audiencia Provincial.
Mientras, el también investigado ex director general de Gestión Económica y Compras de productos sanitarios de la comunidad de Madrid, Jesús Alejandro Vidart, «asumió la propia actuación llevada a cabo, que fue explicada en extenso , negando haber recibido instrucciones de sus superiores, sin derivar responsabilidad a terceras personas, reiterando haber seguido el criterio técnico establecido antes de su llegada al puesto».
« A pesar de la declaración prestada por la querellada, que explicó su actuación asumiendo su gestión, sin haber actuado por orden de la presidenta de la Comunidad y sin derivar responsabilidad a terceras personas, el Ministerio Fiscal considera necesario que Esperanza Aguirre comparezca en calidad de investigada en orden a dirigir formalmente el procedimiento en su contra», dice la Audiencia Provincial. Se inclina así, por negar que se la cite como imputada.
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