Anticorrupción se querella contra una directora general de Aguirre por el Hospital Puerta de Hierro
En una «ilegalidad radical» redujo 135 camas sin amparo legal y causando un perjuicio de 10 millones de euros
La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha presentado querella contra quién fuera d irectora General de Planificación, Infraestructuras y Equipamientos Sanitarios, órgano adscrito a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, entre abril de 2008 y julio de 2011 , bajo gobierno de Esperanza Aguirre, en relación con hechos relacionados con la gestión del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda.
La querella, que ha recaído en el Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid, obedece a una investigación que ha venido siguiendo Anticorrupción a lo largo de dos años y se refiere a una modificación del contrato de concesión de obra pública firmado en 2005 en favor de Hospital Majadahonda S.A., una agrupación entre Dragados, Bovis Lend Lease y Sufi.
Bajo batuta de esa dirección general que en los años objeto de la investigación estaba incardinada en la Consejería de Sanidad que dirigía Juan José Güemes, el 28 de mayo de 2008 se dictó una orden por la que «prescindiendo del más mínimo procedimiento administrativo de modificación de contratos previsto en la legislación», hasta 135 habitaciones del hospital pasaron de ser dobles a individuales.
Para avalar jurídicamente aquella decisión, se apoyaron en una supuesta resolución dictada por la misma Dirección General «a requerimiento de la presidenta de la Comunidad de Madrid» que, ta y como ha comprobado la Fiscalía Anticorrupción, «no existió».
«Sin perjuicio de la ilegalidad radical de la reducción de las 135 camas hospitalarias llevada a efecto eludiendo cualquier procedimiento administrativo, se debió de haber reestablecido el equilibrio económico del contrato de concesión a favor de la Administración a través del oportuno modificado, con el objeto de evitar el impacto negativo en los caudales públicos«, explica la Fiscalía.
Sin embargo, al día de la fecha «no existe una resolución firme a través de la cual dicho restablecimiento se haya llevado a efecto, con lo cual la Administración ha abonado mayores costes por servicios nunca prestados , produciéndose el correspondiente menoscabo a los caudales públicos de la Comunidad Autónoma, en una cantidad superior a los 10 millones de euros«.
