La Audiencia Nacional reabre la pieza contra el bufete que contrató a Villarejo
Les cobró 625.000 euros por darles datos bancarios y telefónicos, reservados, de sus antiguos socios
La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha revocado el archivo de la investigación contra los cuatro directivos de un despacho de abogados que contrató al excomisario José Manuel Villarejo para espiar a un bufete competidor. La Sala sostiene que el policía y su socio Rafael Redondo cobraron 625.000 euros y vulneraron el secreto a las comunicaciones, el secreto bancario, el tributario, etc. Quienes les contrataron sabían que que Villarejo era policía y conocían sus métodos ilegales de investigación, al contrario de lo que sostuvo el anterior juez instructor de la operaciónTándem, Diego de Egea.
En un auto, los magistrados estiman el recurso de la Fiscalía Anticorrupción –al que se habían adherido varias acusaciones– que consideraba extemporáneo el archivo de la investigación respecto de cuatro miembros del despacho Herrero&Asociados sin esperar al resultado de las diligencias ya acordadas por Diego de Egea, así como la concurrencia de indicios sólidos de la comisión de delitos de cohecho y descubrimiento y revelación de secretos.
De Egea archivó las actuaciones de la llamada pieza II (Iron) el 30 de julio del año pasado contra Francisco Carpintero, Andrés Medina, Álvaro Martínez y María Ángeles Moreno. En la misma están imputados Villarejo y Redondo y recientemente, el juez Manuel García Castellón también ha imputado al comisario Enrique García Castaño como suministrador de datos reservados a la organización criminal.
«Más ilegal que una patata»
La Sala, tras analizar los indicios expuestos por la Fiscalía y la documentación –incluidas varias grabaciones– que los soporta, señala que «necesariamente hay que concluir que, en estos momentos, se mantienen indicios de la participación de los investigados» en hechos delictivos.
Los magistrados mencionan varios de esos indicios. Una reunión en el Casino de Madrid en 2013 entre dos de los miembros del despacho con Villarejo y su socio Rafael Redondo, que revela pasajes «en los que se hace referencia explícita a la utilización de técnicas ilegales de las que, en consecuencia, habrían tenido conocimiento los que participaron en esa reunión». «Tú sabes que esto es más ilegal que una patata», le dice Villarejo a uno de los socios .
En otra transcripción hacen referencia a que es Martín Collado «el que trae la pasta» y mencionan movimientos bancarios diciendo que tenían «buena relación con la gente dentro de los bancos, aunque había cierto blindaje y hacía falta burlar un poco los controles». En esa misma conversación dicen que en los rastreos que estaban haciendo del tráfico de llamadas y las «cosas delicadas» la gente se la juega «y a cambio hay que untarlos». Señalan también que «los del BBVA con los que normalmente tenían buenas relaciones, estaban un poco reticentes».
La Sala entiende que todos los indicios analizados «obligan a mantener abierta la investigación con los referidos investigados, aunque prescindiéramos de la dudosa eficacia de algunos de los elementos citados por el Ministerio Fiscal en su informe». Se refieren a la diversificación de pagos y el fraccionamiento reflejado en las cuentas de y al supuesto ataque informático sufrido por el servidor de Balder IP , el bufete competidor.
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