Archivada definitivamente la causa contra la ex consejera madrileña Gádor Ongil (PP) en 'Púnica'

La Audiencia Nacional ha archivado definitivamente la causa abierta en 2019 contra Gádor Ongil, ex consejera de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid entre 2007 y 2008 y diputada regional del PP hasta 2019, por su presunta implicación en la trama 'Púnica', una de las causas de financiación ilegal que afectan a los populares madrileños .

Así lo ha confirmado la Sala Penal de la Audiencia Nacional con un auto de sobreseimiento definitivo, fechado el pasado 9 de septiembre , tras constatar que no se ha acreditado que, durante su etapa como presidenta de Fundescam, fundación vinculada al PP de Madrid, Gádor Ongil participara en esa financiación ilegal a través de facturas de distintos empresarios que previamente habrían recibido subvenciones durante la etapa de Esperanza Aguirre al frente de esta administración autonómica.

El mismo juzgado que abrió la causa contra Ongil hace dos años ya decretó el sobreseimiento provisional el pasado 31 de mayo a instancias de su defensa y del Ministerio Fiscal, pero la acusación ejercida por la la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) lo recurrió. Ahora la Sala Penal de la Audiencia Nacional ratifica el sobreseimiento y, en consecuencia, pone fin a esta causa y desvincula de la trama a la también ex senadora popular.

La Audiencia Nacional entiende que Gádor Ongil «nunca pudo detectar irregularidad alguna por cuanto las órdenes de pago venían firmadas directamente» por el ex gerente de Fundescam y del PP de Madrid, Beltrán Gutiérrez, y por el entonces secretario general de los populares madrileños, Francisco Granados, «quienes eran superiores jerárquicamente» a Ongil, que en consecuencia «carecía de facultades para fiscalizar» esas facturas, cuya falsedad y finalidad le «eran desconocidas», como ha explicado su abogado, Adolfo Prego.

La defensa de Gádor Ongil ha mostrado su satisfacción por una resolución que "ha corregido las presunciones establecidas tras su imputación, mucho más basadas en el cargo que ocupaba en Fundescam que en hechos concretos objetivamente atribuibles en base a los indicios resultantes de la investigación." Así, Prego valora esta decisión judicial como "una resolución justa, muy bien motivada y que demuestra el correcto funcionamiento de la Justicia" .