El primogénito del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol Ferrusola
El primogénito del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol Ferrusola - afp

El juez ve indicios de que Pujol Ferrusola cobró «comisiones y pagos ilegales» de la constructora Copisa

De la Mata cree que el primogénito de Jordi Pujol o «su entorno más próximo» realizaban a cambio gestiones para las compañías

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El juez de la Audiencia Nacional José de La Mata aprecia indicios de que Jordi Pujol Ferrusola, el hijo mayor del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, cobró «comisiones y pagos ilegales» de la constructora Grupo Copisa a cambio de contraprestaciones suyas o de «su entorno más próximo». La justicia investiga los negocios del primogénito de Jordi Pujol después de una denuncia de su examante por supuestas operaciones de lavado de dinero en diferentes puntos del mundo.

El magistrado señala en un auto que «los indicios existentes revelan» que las empresas de Pujol Ferrusola generaron desde 2004 «un patrimonio no irrelevante», una fortuna que empresarios como Xavier Tauler justifican por las funciones de intermediación que realizaba el hijo de Jordi Pujol.

Este empresario, el consejero delegado de Copisa, ya declaró en noviembre de 2014 en la Audiencia Nacional que pagó a Pujol Ferrusola una comisión por intermediar en operaciones urbanísticas de su empresa en Roma.

Esta versión no tiene credibilidad para el juez. De La Mata apunta, en un auto en el que precisamente rechaza archivar la causa contra Tauler, que «tales servicios de intermediación no existieron y que bajo la apariencia de prestaciones de servicios se encubrían comisiones», en esta caso de la constructora Copisa.

En vez de actividades empresariales, el magistrado sospecha que esos servicios «en realidad pudieran estar satisfaciendo comisiones y pagos ilegales en contrapresatación a gestiones realizadas por el investigado o su entorno más próximo para beneficiar a aquellas empresas».

Once personas, entre empresarios como Tauler y familiares de Pujol Ferrusola, fueron interrogados en noviembre de 2014 por los ocho millones de euros que las empresas de «Junior» cobraron de distintos contratistas de la Generalitat por servicios «ficticios», según la UDEF. En dichas declaraciones, cuatro empresarios reconocieron haber pagado en torno a 3,5 millones por asesorías verbales, que no estaban documentadas en contratos.

El magistrado rechaza archivar la causa contra Tauler, también imputado en esta investigación, al no aceptar sus explicaciones. Según el juez, el empresario «pudo contribuir» al enriquecimiento de Pujol Ferrusola «mediante conductas constitutivas de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y falsedades en documento mercantil».

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