El Supremo anula las excarcelaciones de los etarras Santi Potros y Plazaola

El Tribunal Supremo ha aceptado este martes el recurso que el fiscal presentó contra las excarcelaciones de los etarras Santi Potros y Alberto Plazaola acordadas por la Audiencia Nacional apenas veinticuatro horas antes de que entrara en vigor una ley que las prohibía. La decisión de la Sala Segunda supone que el segundo volverá a la cárcel. En el caso de Potros su detención e ingreso en prisión no serán necesarios porque se encuentra actualmente en prisión preventiva en relación con dos atentados cometidos en los años ochenta que, en su condición de dirigente de la banda, él mismo habría ordenado.

Plazaola, sin embargo, sí está en libertad después de que así lo acordara la Sección Primera de la Audiencia Nacional, que aplicó una decisión marco europea que permitía la acumulación de condenas cumplidas en otros países de la Unión Europea.

Lo aplicable es la ley

Aunque la sentencia no se conocerá hasta los próximos días, fuentes del Alto Tribunal señalaron a ABC que las excarcelaciones acordadas por la Audiencia se revocan porque la citada decisión marco ya está traspuesta a una ley (noviembre de 2014) que prohíbe llevar a cabo esa acumulación de condenas cuando estas son anteriores al año 2010. Se trata, por tanto, del mismo argumento, indicaron dichas fuentes, que el utilizado el pasado 13 de enero, cuando el Pleno de la Sala Segunda decidió rechazar el recurso del etarra Kepa Pikabea por este mismo motivo. Al igual que entonces, la decisión hoy tampoco ha sido unánime, y uno de los cinco magistrados que han deliberado sobre Potros y Plazaloa, Joaquín Giménez, ha anunciado voto particular, como ya hizo también en enero.

La decisión del Tribunal Supremo de anular estas excarcelaciones supone un varapalo a los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia Nacional, que, en contra del criterio que llevó a cabo la Sección Segunda de ese mismo tribunal, decidió liberar a los dos terroristas en medio de una enorme polémica y de las críticas de miembros del Gobierno. Los magistrados, sobre los que algunas víctimas del terrorismo llegaron a plantearse una querella por prevaricación, llevaron a estos jueces incluso a pedir amparo al CGPJ, que se lo negó.