El CGPJ propone la expulsión de la carrera judicial del juez de la «Constitución» catalana

El Promotor de la Acción Disciplinaria, Antonio Fonseca-Herrero, ha propuesto hoy la separación de la carrera judicial del magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona Santiago Vidal. Considera que el coautor del borrador de la «Constitución» catalana ha cometido dos faltas muy graves previstas en la ley del Poder Judicial.

La primera se refiere al ejercicio de actividades incompatibles con el cargo de juez o magistrado; la segunda, a la ignorancia inexcusable en el cumplimiento de los deberes judiciales.

El promotor considera probado que Vidal «ha participado activamente, y al margen de cualquier cobertura, en un grupo de trabajo de composición heterogénea, que según ha puesto de manifiesto, también públicamente (…), tenía por objeto elaborar y redactar una ‘Constitución catalana’ con la finalidad, expresamente admitida, de ponerla a disposición –o de que sirviera de modelo- de quienes promovieran la celebración de una consulta por el llamado ‘derecho a decidir’ y la independencia de Cataluña, y todo ello con independencia de que esa consulta pudiera o no celebrarse finalmente».

A ello se añade que el magistrado «ha efectuado de forma reiterada declaraciones públicas en defensa de la independencia de Cataluña y, así mismo, ha apoyado y participado activa y públicamente (…) en iniciativas políticas que adoptaban instituciones públicas catalanas y entidades privadas sobre un proceso por y para la independencia de Cataluña».

Por último, el Promotor recuerda que Vidal «valoró y calificó de legítimo el incumplimiento de las leyes y de la Constitución española, admitiendo y justificando expresamente la procedencia de la desobediencia civil a la Constitución, a la ley y a las decisiones del Tribunal Constitucional sobre el llamado proceso para la independencia de Cataluña».

Fonseca-Herrero explica que el deber de fidelidad asumido en el juramento o promesa que los jueces prestan antes de tomar posesión de su primer destino, «si bien no impone un compromiso político y personal en defensa de la Constitución, sí implica la obligación que todo integrante de la carrera judicial tiene de abstenerse de ejecutar cualquier actuación que ponga en peligro valores o principios sobre los que la Constitución se sustenta y la obligación de adecuar a dichos valores y principios su actuación profesional».