¿Por qué los jueces piden amparo ante el Gobierno y no ante Urkullu, PNV o Bildu?

Hace pocos días, los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia Nacional pedían amparo al Consejo General del Poder Judicial al considerar perturbada su independencia. Ello, después de que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría; el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, mostraran su discrepancia por la excarcelación de «Santi Potros», diez años antes de que cumpliera su condena, al restarle los años de prisión que permaneció en Francia.

Y hace también pocos días, el Gobierno vasco veía como «un paso atrás» la detención de abogados de ETA, en una operación coordinada por el juez Fernando Andreu. Dirigentes del PNV la consideraron «operación marketink». Incluso los nacionalistas impulsaron en el Parlamento vasco una iniciativa, secundada por Bildu, en la que se descalificaba la citada operación dirigida a desmantelar el «frente de cárceles» de ETA.

«Operación marketing y mediática», pese a que el magistrado dejó en libertad a los abogados con cargos por los presuntos delitos de integración en organización terrorista, defraudar a Hacienda y blanqueo de dinero. No ha habido solicitud de amparo por parte de ninguna instancia judicial.

En cambio, los integrantes de la Sección Primera de la Audiencia Nacional, Manuela Fernández, Javier Martínez Lázaro y Ramón Sáez, que firmaron la orden de excarcelación del etarra «Santi Potros», creen que las críticas de algunos miembros del Gobierno y del PP van contra su independencia. «Esto no se puede hacer como lo ha hecho la Sección Primera de la Audiencia Nacional», reprochó la vicepresidenta Sáenz de Santamaría. «Me parece lamentable», abundó Fernández Díaz. «Hay una sección que está a favor de aplicar una doctrina judicial de una determinada forma que siempre es favorable a los terroristas», se quejó Hernando.

Para justificar su petición de amparo, estos tres magistrados consideran que han sido tratados como jueces «injustos y prevaricadores». «Sugerir que un tribunal dicta resoluciones injustas deliberadamente para imponer su propia voluntad al margen de la ley es atribuir la comisión de un delito de prevaricación», se quejaban. ¿Y acusar a los jueces de impulsar operaciones que «obstaculizan el camino hacia la paz?, como acaba de hacer el PNV.