Fernández Díaz, en ABC: «No se modificará la política penitenciaria mientras ETA no se disuelva»

PESE a los casi doce meses que han pasado desde que esta entrevista fuese publicada, ha envejecido bien. O, mejor dicho, apenas tiene un par de arrugas que desvelan que el encuentro de ABC con el ministro del Interior no se produjo, por ejemplo, ayer por la tarde. La política antiterrorista del Gobierno sigue respondiendo a una frase que contiene esta entrevista: «No se modificará la política penitenciaria mientras ETA no se disuelva»aunque hay quien quiere ver la mano del Ejecutivo en la polémica actuación de la Justicia con excarcelaciones de asesinos de la banda. Puede que Gamonal, que también ocupaba estas líneas, no sea hoy actualidad estricta, pero sí un precedente que ha marcado un 2014 -la Ley de Seguridad Ciudadana recientemente aprobada daba entonces sus primeros pasos- nada sencillo para un ministerio vital con grandes frentes abiertos desde siempre, y algún nuevo desafío que es parte recurrente ya de la labor del ministerio que ahora dirige Jorge Fernández Díaz.

No han sido días fáciles para el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. ETA no comete atentados desde hace más de dos años, pero, en plenas fiestas de Navidad, sus estrategas intensificaron las maniobras para aumentar la presión al Gobierno y forzar un cambio en la estrategia antiterrorista: comunicado farsa de los presos, alarde etarra en Durango y marcha en Bilbao a favor de los «derechos» de los asesinos que cumplen condena, en esta ocasión, con la complicidad activa del PNV y algunos representantes del PSE. «No se modificará la política penitenciaria mientras ETA no se disuelva», ha sido, una vez más, la respuesta del Gobierno, que se sustenta en la eficacia de las Fuerzas de Seguridad del Estado con golpes como el que acaba de descabezar al «frente de cárceles». La filtración anticipada de las detenciones, un «error humano» saldado con la dimisión del director de comunicación del ministerio, empañó el brillo del operativo, pero no frustró los resultados.

—¿Esperaba del PNV un cambio político cualitativo tan serio cuando ha acompañado a Sortu en una manifestación de corte proetarra?

—Confío en que, según sus propias palabras, este haya sido un hecho excepcional y no un cambio de posición política. Espero y deseo que el PNV no se deje arrastrar hacia proyectos rupturistas con aquellos que siguen sin condenar la lacra del terrorismo. Confío en ello porque, además, creo que a todos nos interesa un PNV situado en la que ha sido su posición política e institucional de los últimos años, y también porque creo que es la posición que interesa al propio PNV. En estos momentos, lo verdaderamente importante es que se recupere el consenso de las fuerzas políticas democráticas para gestionar el fin de la banda terrorista a la que con tanto esfuerzo y tanto sufrimiento se ha derrotado.

—¿Estamos ante un nuevo Pacto de Estella, de confluencia de intereses y de sumisión del PNV al brazo político de ETA? ¿Es fiable Urkullu o el PNV retorna a su clásico doble lenguaje?

—Creo sinceramente que no. El Pacto de Estella fue un compromiso asumido por el PNV con ETA, en la época en la que además la banda mataba y extorsionaba a nuestros ciudadanos, y cuyo recuerdo no es muy del agrado del PNV. Pero faltaría a la verdad si no dijera que creo, sin duda, en la voluntad del PNV de lograr cuanto antes la disolución de ETA, si bien tenemos discrepancias en cuanto al camino adecuado para la consecución de ese objetivo compartido. Nosotros queremos llegar hasta el final de ETA por la línea recta. Creo en la sinceridad del PNV y del lendakari cuando afirman que no volverán a la política de frentes.

—Los concejales del PSE en San Sebastián han apoyado una iniciativa para condenar la detención de dirigentes del frente de prisiones de ETA. En Vitoria, en cambio, se han abstenido. ¿Cómo valora la actitud de los socialistas condenando una operación antiterrorista por orden judicial?

—Confío en que este grave error quede limitado a un hecho puntual circunscrito a los concejales del Grupo Socialista del Ayuntamiento de San Sebastián. En todo caso, me quedo con la desautorización que la dirección del propio PSE hizo de esa iniciativa.

—Desde el Gobierno se ha lamentado la foto, en un antiguo matadero de Durango, de 63 presos de ETA excarcelados, y se ha dicho que no se pudo impedir su celebración. Si todo el mundo coincide en que esa es la foto de una infamia, ¿por qué no se puede evitar? ¿Fallan los jueces o falla la ley?

—Sin duda, como muy bien dice usted, esa foto es una infamia. Desde el Ministerio del Interior se estuvo trabajando para poner toda la información disponible en manos de la autoridad judicial competente, que finalmente no prohibió el acto. Y nosotros lo acatamos, como es nuestra obligación. Durante aquellos días tuvimos que oír muchas críticas a la actuación del Ministerio del Interior. Nosotros, sin embargo, llevábamos meses trabajando, de forma discreta, como corresponde, para que finalmente pudiera producirse lo que el día 8 sucedió, y hoy por hoy podemos decir con orgullo que todos los que impulsaron aquel acto están en la cárcel por decisión judicial.

—En la última entrevista concedida a ABC dijo que el contador de la ilegalización de Sortu, Bildu y Amaiur estaba «a cero», dando a entender que el tiempo había empezado a correr. ¿A cuánto está el contador hoy?

–Ser legal no es ser impune, y acogerse a la legalidad no se traduce en ser un demócrata. Porque la impunidad está desterrada por la ley, y así el Tribunal Constitucional, en su sentencia de legalización de Sortu, fijó unos límites muy claros de qué es juego democrático, qué es sistema de libertades y qué es, por el contrario, estar al margen de ese juego. Por tanto, si vulneran los límites impuestos, de forma reiterada y grave como advierte dicha sentencia, el Estado de Derecho tomará las medidas adecuadas.

—Se lo preguntamos más claro: ¿han puesto a las Fuerzas de Seguridad a recabar datos para que queden a disposición de la Abogacía del Estado o la Fiscalía para una hipotética demanda de ilegalización? ¿Se plantean dar una orden en ese sentido?

—Las Fuerzas de Seguridad del Estado vienen trabajando desde el inicio de la legislatura en una tarea permanente de investigación, de análisis de inteligencia y obtención de información al respecto. Y ese trabajo es el que nos permite decir que el contador no está a cero. Ahora bien, el inicio de un proceso de ilegalización es una apuesta de envergadura para todas las instituciones del Estado y debe hacerse con suficientes garantías de éxito jurídico.

—Hemos visto en dos meses un desfile incesante de asesinos saliendo de las puertas de prisión por la derogación de la doctrina Parot. ¿Es previsible otro desfile próximamente de cientos de etarras si se acogen ya, como dicen, a los beneficios penitenciarios que hasta ahora despreciaban? ¿Habrá excarcelaciones masivas?

–La política penitenciaria no va a cambiar. Solo la ley y nada más que la ley. La política antiterrorista del Gobierno mantendrá su firmeza hasta la disolución de ETA. Y la política penitenciaria es un eje fundamental de la política antiterrorista. No habrá, en ningún caso, excarcelaciones masivas. En el hipotético caso de que los presos se sometieran a la legislación vigente, cosa que hasta ahora nunca habían hecho, y decidieran acogerse a los beneficios penitenciarios que la ley contempla, ello no supondría su libertad inmediata ni mucho menos, sino que tendrían que recorrer el camino que corresponda, en los términos que el Código Penal exige.

—¿Ha roto el colectivo de presos de ETA su unidad? ¿Era real esa unidad? ¿Qué información tiene de cómo está la situación de los más de 500 terroristas que quedan en prisión?

—El deber de reserva me obliga a no dar detalles al respecto. Solo puedo decir que en las cárceles y fuera de ellas, incluidos los familiares de no pocos presos, se ha recibido con alivio la detención de los miembros del KT y especialmente de Arantza Zulueta.

—Ha tenido que aceptar la dimisión de su director de comunicación por el error de filtrar antes de tiempo el resultado de una operación contra los abogados de ETA cuando aún no había tenido lugar. Se habla incluso de destrucción de pruebas, lo que sería muy grave. ¿Cómo es posible que haya ocurrido este error?

—En el desarrollo de este tipo de operaciones la política de comunicación del ministerio se ajusta estrictamente a un procedimiento establecido. En este caso, por desgracia, en el transcurso de las actuaciones se produjo un error en la difusión de la información. La profesionalidad de los agentes de la Guardia Civil hizo que finalmente se detuviera a todos los investigados y que haya sido posible ocupar, en los diferentes registros, una cantidad importante de efectos, especialmente de soportes informáticos de los que ya se ha obtenido y se seguirá obteniendo información valiosa para la causa y para la continuación de las investigaciones.

—Pero podría haber salido mal.

—En cualquier caso, insisto, estamos ante un claro error humano que ha provocado la dimisión del responsable de comunicación del Ministerio del Interior, en un gesto de responsabilidad e integridad profesional que le honra, y que yo mismo le reconocí al aceptar su carta de dimisión.

—Usted persiste en el mensaje de que ETA ha sido derrotada, cuando hay colectivos de víctimas que sostienen lo contrario y que la sonrisa de la abogada Zulueta es una señal de su euforia: ETA está en las instituciones, cala el mensaje de que hay que «dar una salida política a los presos», etcétera. Hay parte de la ciudadanía, y del electorado natural del PP, que cree que el hecho de que ETA no mate no significa que esté derrotada. Como ministro, ¿cómo asume esa contradicción?

—La sonrisa de una terrorista que es llevada detenida entre dos agentes de la Guardia Civil nunca puede ser una prueba de la victoria de ETA. Todo lo contrario. Le puedo asegurar que Arantza Zulueta no está sonriendo en la cárcel. ETA no mata porque ha sido derrotada por el Estado de Derecho, y aunque a algunos no les guste, objetivamente es así: el terrorismo de ETA ha sido vencido por el Estado de Derecho, o lo que es lo mismo, por los españoles. La ETA que hemos padecido los españoles durante tantos años ya no volverá jamás. Y es más, la sola atribución de matiz alguno con un componente victorioso sí que representaría para ETA una victoria, por lo que nadie debería concedérsela. Pero es verdad que a la derrota policial le debe seguir la disolución, y en eso seguimos trabajando.

—Si como usted dice ETA ha sido derrotada y la ETA que hemos padecido ya no volverá más, ¿por qué no se disuelve?

—El cese de la actividad terrorista de ETA es firme, sin que sea previsible una vuelta a la comisión de atentados terroristas. ETA no se ha planteado su disolución, sino que pretende perpetuarse ahora como un agente político más, que participe en el que ellos denominan «proceso de liberación» para que este se desarrolle según sus intereses, manteniendo sus objetivos estratégicos: la independencia y el socialismo. Es evidente que no se lo vamos a permitir.

—¿Y el desgaste que supone para el Gobierno un asunto tan delicado y crucial a efectos electorales?

—Frente a sospechas infundadas de hojas de ruta inexistentes, el Gobierno ha respondido con hechos, con la firmeza de nuestra política antiterrorista, desde el más absoluto respeto a la ley. Y así lo seguiremos haciendo, siendo conscientes de que representamos a un partido que ha mostrado, como el que más, la coherencia y la firmeza en la lucha contra el terrorismo, pagando en muchas ocasiones un precio muy alto por esa coherencia que muchos interpretaron y siguen interpretando como intolerancia. Y quiero recordar ahora muy especialmente a todas las víctimas del terrorismo, a todos los cargos electos, todos los concejales del Partido Popular del País Vasco, y también, por supuesto, del Partido Socialista, con quienes tenemos una enorme deuda de gratitud.

—Pero las víctimas recelan bastante.

—Soy consciente de que ese pasado y ese legado hacen recaer sobre nosotros una gran responsabilidad, en el momento histórico que nos ha tocado vivir, de ver cómo desaparece la pesadilla de ETA y de trabajar para que no quede de ella el menor rastro en la vida nacional, para que vivamos por fin como ciudadanos libres, sin ellos… y no contra ellos, sino sin ellos.

«Los ciudadanos no tienen que pagar la factura de la violencia»

Con la excusa de la oposición de los vecinos del barrio de Gamonal al proyecto de un bulevar, grupos de extrema izquierda y antisistema han trasladado la violencia a numerosas ciudades de España. Los vándalos empañan así lo que pueden ser justas reivindicaciones de los ciudadanos. Otro asunto que preocupa al ministro del Interior, cuando el Gobierno acaba de dar luz verde al proyecto de ley de Seguridad Ciudadana.

—Hemos asistido durante estos días a una rebelión ciudadana contra un proyecto urbanístico en Burgos, y además con una respuesta violenta. Desde la Alcaldía de esa ciudad se ha culpado a Interior de no sofocar correctamente los altercados y de no permitir el inicio de las obras…

—La misión que la Constitución y la ley encomiendan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es proteger el libre ejercicio de derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Creo que eso explica perfectamente la actuación que ha llevado a cabo la Policía Nacional cuando comenzaron los disturbios e incidentes violentos en Burgos. La función de la Policía es esa y no otra, lo cual explica también que la intervención policial sea siempre la estrictamente necesaria para cumplir esa misión constitucional. Ni se puede ni se debe pedir otra cosa a la Policía, que también en este caso cumplió adecuadamente su cometido, sin que pueda reprocharse nada a su actuación, y mucho menos aquello que en ningún caso le correspondería hacer.

—Más allá de que haya elementos de ultraizquierda con antecedentes y carácter violento, también había miles de ciudadanos pacíficos en contra. ¿Es la futura ley de Seguridad Ciudadana una solución para evitar este tipo de conflictos, o por el contrario es un argumento para generar aún más violencia?

—Las leyes ordenan nuestra convivencia, nacen de la democracia parlamentaria y, por tanto, nunca podrán ser argumento para generar violencia. Muy al contrario, el anteproyecto de ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana pretende mejorar el marco jurídico para luchar contra la violencia y proteger la seguridad de los ciudadanos frente a quienes se empeñan en perturbar la convivencia. La Ley no modifica en absoluto el régimen jurídico del derecho de reunión y manifestación, que se regula en otra ley. Los ciudadanos no tienen por qué pagar la factura de la violencia de una minoría de radicales. Quienes se manifiestan y protestan pacíficamente son los primeros interesados en que no se les confunda con quienes solo pretenden alterar nuestra forma de convivencia, provocar graves daños personales y materiales y socavar los principios pacíficos en los que se basa nuestra vida en sociedad. Los ciudadanos exigen, con razón, a los poderes públicos una respuesta contundente frente a los violentos

—Artur Mas ha puesto fecha para su consulta independentista: 9 de noviembre. Ya hemos oído a Rajoy decir que no se celebrará. ¿Cómo van a impedirlo?

—El Gobierno cumplirá y hará cumplir la ley, como es evidente. No obstante, quiero confiar todavía en que el buen sentido se imponga y las aguas vuelvan al cauce del que nunca debieron salir.