El PP ve a los fiscales catalanes sumisos al «nacionalismo radical»

La accidentada tramitación de la querella contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, no solo está erosionando la relación entre la Fiscalía y el Ejecutivo de Mariano Rajoy, sino que tensiona aún más la relación entre la Generalitat y el Gobierno, así como el diálogo entre los partidos. Unos y otros, a cuenta de la pseudo consulta del 9-N, se acusan de presionar al Ministerio Público.

Así se manifestó por ejemplo el vicesecretario general de Organización del PP, Carlos Floriano, que aseguró que la posición de los fiscales en Cataluña se explica porque están «contaminados» por el ambiente «nacionalista radical». «El problema es que el ambiente que ha generado la Generalitat y los poderes oligárquicos fácticos en Cataluña han hecho todo lo posible para que no interpongan la correspondiente querella pese a lo que son claros delitos ante los ojos de todos los españoles», apuntó Floriano.

Para Rosa Díez (UPyD), la obligación de Fiscalía es presentar la querella, «tanto si están de acuerdo los de Cataluña como si no».

El PSOE lo ve «discutible»

Frente a este criterio, el portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, apostó en nombre de su partido por la «prudencia» ante «iniciativas judiciales que no solo son discutibles -dijo- sino dudosas, porque duda hasta la Fiscalía de Cataluña». En la misma línea se expresó el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, que denunció en TV3 la «presión monumental del PP y del Gobierno sobre el Fiscal General». Para el líder socialista, «estamos ante un problema político que requiere soluciones políticas», por lo que, a su juicio, la judicialización de esta cuestión es «nefasta».

A la espera del TSJC

En coincidencia con el criterio del PSOE y del PSC, y frente a la opinión de que la Fiscalía Superior de Cataluña ha cedido a la presión nacionalista -particularmente su presidente, José María Romero de Tejada, que la semana pasada avaló la presentación de la querella-, el gobierno catalán interpreta todo lo contrario.

Así, su consejero de Presidencia y portavoz, Francesc Homs, denunció ayer tras la reunión del Ejecutivo catalán «presiones políticas inaceptables». «Ni separación de poderes ni respeto para el Estado de derecho», apuntó el portavoz, quien advirtió del «despropósito» que supondría que se tomasen represalias contra los fiscales del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

En cualquier caso, la tensión política por el papel jugado por la Fiscalía hace presagiar más turbulencias cuando, precisamente, la querella contra Mas, y las denuncias ya en curso, se diriman en el TSJC. Su presidente, Miguel Ángel Gimeno, precisó ayer a este diario que nunca se ha manifestado favorable al «derecho a decidir».