El juez envía a prisión bajo fianza de 60.000 euros a los alcaldes de Parla y Torrejón de Velasco

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco decretó ayer prisión bajo fianza de 60.000 euros para el alcalde de Parla, José María Fraile, del PSOE; el jefe de su gabinete, Antonio Borrego; y Gonzalo Cubas, el alcalde del PP de Torrejón de Velasco, por su presunta participación en la trama corrupta destapada en la Operación Púnica, según el auto del magistrado al que ha tenido acceso ABC. Los tres declararon este miércoles en la sala multiusos de la planta sexta de la Audiencia Nacional.

Velasco -quien afirma en su auto que se han descubierto «nuevas cuentas en Suiza» ligadas a la operación- también dictó prisión eludible con el pago de una fianza de 25.000 euros para Antonio Cándido Ruiz, el administrador de una de las empresas controladas por David Marjaliza, uno de los «conseguidores» del entramado corrupto.

Otros dos implicados, Agustín Juárez, el alcalde del PP de Collado Villalba, y Avelino Pérez, técnico de obras públicas de Izquierda Unida en Parla, fueron puestos en libertad, pero están obligados a pagar una fianza de 40.000 y 20.000 euros, respectivamente.

Esto supone que cuatro de los doce implicados en la Operación Púnica que declararon ayer en la Audiencia Nacional durmieron anoche en prisión. De los restantes, dos de ellos deben pagar una fianza y seis fueron puestos en libertad, dos de ellos sin medidas cautelares y los otros cuatro deberán comparecer mensualmente ante el juez.

Fraile, muy cercano al secretario general de los socialistas madrileños Tomás Gómez, está siendo investigado por un contrato de 54,6 millones de euros que la Alcaldía de Parla firmó con la empresa energética Cofely, situada en el centro de la trama corrupta y vinculada a Marjaliza. Según el auto de Velasco, Fraile era «conocedor de los pagos comprometidos» con Marjaliza por su ayuntamiento.

Todos ellos fueron interrogados ayer por el magistrado en una maratoniana jornada en la sede judicial de Prim que comenzó a las doce y media de la mañana. Entre ellos también estuvo el consejero delegado de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás, quien ha sido puesto en libertad, a pesar de que el auto del juez explica que participó «en la trama de facturas falsas» empleadas para pagar los trabajos de Alejandro De Pedro, otro de los «conseguidores».

Aunque para la jornada de ayer estaban previstas las declaraciones de 17 de los imputados, cinco de ellas se aplazaron para hoy jueves: las de Antonio Serrano, Eduardo de la Peña y José Luis Huertas -hombres de confianza de Marjaliza-, y las de los responsables de la empresa de eficiencia energética Colefy. En concreto, las de su director general, Didier Maurice, y Constantino Álvarez, el director comercial de la empresa. Los cinco durmieron ayer en dependencias policiales bajo detención judicial.

Además de ellos, hoy serán interrogados otros doce imputados más, entre los que se encuentran los hombres sobre los que se tejió la red de corrupción: el ex número dos del PP madrileño, Francisco Granados, y los «conseguidores» Marjaliza y De Pedro. El juez Velasco deja claro en su auto que existía “una trama organizada con perduración temporal y reparto de roles” que se adjudicó contratos que alcanzaron hasta 100 millones de euros.