Un jurado popular decidirá sobre una nueva causa de corrupción de la era Munar

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma ha dictado un auto en el que confirma la decisión del Juzgado de Instrucción número 5 de Palma de tramitar el denominado «caso Peaje» ante el Tribunal del Jurado. De este modo, la Sección Segunda desestima los recursos de apelación presentados meses atrás por cinco de los 13 imputados en esta causa judicial. En dicho caso se investiga un presunto desvío de 42 millones de euros durante las obras de desdoblamiento de la carretera Palma-Manacor, que fueron ejecutadas por el Consell de Mallorca en la legislatura 2003-2007 y que tuvieron un coste global de unos 140 millones de euros.

En aquel mandato, la presidenta de la institución insular era la líder de Unió Mallorquina (UM), Maria Antònia Munar, que no está imputada en esta causa, aunque sí lo están antiguos altos cargos suyos en aquellas fechas, como el exconsejero insular de Obras Públicas y Carreteras, Antoni Pascual, o el exdirector general de esa área, Gonzalo Aguiar, así como varios responsables de la Unión Temporal de Empresas (UTE) que ejecutó el proyecto.

Cabe recordar que el pasado 28 de abril se había celebrado ya una vista oral en el Juzgado de Instrucción número 5 de Palma, en la que la magistrada Ana María San José informó a dichos imputados de que en principio se les juzgaría por supuesta malversación, cohecho, falsificación y fraude. El fiscal Anticorrupción Miguel Ángel Subirán apoyó la posición de la juez, mientras que varios abogados solicitaron el archivo de la causa para sus respectivos clientes y otros letrados pidieron que el caso fuese juzgado por un tribunal profesional y no por un jurado popular.

Con anterioridad, el pasado 11 de marzo, San José había dictado un auto en el que daba por concluida la instrucción del «caso Peaje» y en el que también disponía que los 13 imputados en esta causa respondieran de sus presuntos delitos ante un jurado popular. Una resolución de estas características sólo se podría haber modificado si los encausados hubieran sido también acusados de un presunto delito de prevaricación, pero ni la juez ni el fiscal estimaron que tal delito existiera en este caso.

Una parte de los 42 millones de euros supuestamente desviados se habría destinado a sobornos y comisiones, mientras que otra parte de los fondos públicos presuntamente malversados estaría vinculada a banquetes personales, a reformas en casas particulares e incluso a la construcción de un campo de futbito con alumbrado nocturno y también de un chalet. Durante la instrucción del caso, algunos de los imputados defendieron que el citado chalet era, en realidad, un templo de meditación y de práctica del kung-fu que había podido financiarse con los donativos de socios y simpatizantes de la entidad de filosofía china Pachi Tanglang.