«El acceso a la vivienda protegida debe ser solo a través del alquiler»

El director general de Vivienda de la Comunidad de Madrid, José Mária García Gómez, subraya uno de los principales motivos de preocupación de su Departamento: «La parálisis en los grandes proyectos de desarrollo de la Comunidad, principalmente en los que afectan al Ayuntamiento de Madrid. Las administraciones deben jugar un papel de garantes, pero también han de generar condiciones favorables para el desarrollo de nuestra región. Que se paralicen operaciónes como Castellana Norte, Campamento, la cochera de Cuatro Caminos o el edificio España genera incertidumbre y puede provocar decisiones de desinversión que perjudican a todos. Se debe actuar con responsabilidad. Tenemos información de que el sector ve con preocupación esa parálisis en las grandes decisiones, pero también en las microdecisiones: el retraso medio en la concesión de licencias en el Ayuntamiento de Madrid está en torno a doce meses, y eso crea incertidumbre e inseguridad».

—Ahora que el mercado da signos de estabilización... ¿Cree que el sector ha aprendido de los antiguos errores?

—De la experiencia deberíamos aprender todos. Es cierto que el crédito se ha abaratado, los análisis de riesgo son más solventes, la Administración ha establecido controles para evitar situaciones de riesgo a los ciudadanos... pero también se observa con preocupación que se vuelven a producir síntomas de presión en el precio del suelo y tiene lugar ese desequilibrio entre una demada ya floreciente para posibles nuevos desarrollos inmobilarios y la disponibilidad de suelos aptos para edificar. En ese sentido, la Administración tiene un papel muy importante, que es facilitar la puesta a disposición de suelos que ayuden a rebajar esa presión sobre su precio, que luego condiciona el de la vivienda.

—¿Y qué medidas plantea la Comunidad para sortear este peligro?

—Hemos asumido la modificación y el impulso de una nueva ley de suelo y de urbanismo que pretende la simplificación de la gestión de los instrumentos de planeamiento de los municipios, teniendo en cuenta incluso su tamaño. En cuanto a vivienda protegida, trataremos de poner a disposición del sector suelos aptos que ayuden a reducir la mencionada presión sobre el precio.

—¿Cuáles son las cifras de esa oferta de vivienda protegida?

—En principio, la Comunidad tendría suelo para poner en servicio a medio y largo plazo del orden de 45.000 viviendas protegidas, que en todo caso, lógicamente, se irían incorporando al mercado en función también de una demanda estructurada y de una respuesta de reequilibrio territorial.

—¿Cómo pretenden facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes?

—Tenemos ayudas directas a los inquilinos para sufragar el pago de la renta, que benefician en un 40% de los casos a jóvenes. Además, el Plan Alquila pone a disposición de los demandantes viviendas a un precio asequible con garantía de pago de la renta para el arrendador, pero que también aseguran que el contrato está ajustado a los derechos del inquilino y la vivienda no tiene un precio desmedido. Además, los posibles conflictos se resuelven con rapidez mediante el Consejo Arbitral para el Alquiler, que dicta un laudo en 45 días. La seguridad jurídica es fundamental, porque permitirá que se pongan a disposición del mercado más viviendas para arredamiento y se moderen los precios. Quienes se benefician sobre todo son los demandantes de primer acceso, principalmente jóvenes, que se enfrentan a esa nueva realidad que es la movilidad geográfica, que obliga a no atarse a un mismo domicilio. En ese sentido, en el futuro deberíamos dar respuesta a ese primer acceso a la vivienda mediante un concepto de alquiler rotacional.

—¿También en vivienda protegida?

—Sí, queremos cambiar el concepto tradicional de vivienda protegida, abandonar el acceso mediante compraventa. Entendemos que el acceso debe ser solo en arrendamiento, y si puede ser en alquiler rotacional, mejor que mejor. La venta da respuesta a una necesidad inmediata de una persona, pero no tiene en cuenta sus necesidades o su situación en el futuro.

—Es un cambio de paradigma bastante importante...

—Sí, pero creemos que, especialmente en el caso de los jóvenes, las necesidades de primera vivienda están muy relacionadas con las posibilidades de acceso al empleo y la movilidad geográfica, y a eso solo se puede responder con el arrendamiento y la búsqueda de otro tipo de de soluciones habitacionales que no necesariamente tienen que pasar por una vivienda clásica para toda la vida. Habrá que tener en cuenta otro tipo de alojamientos, viviendas de 50 o 60 metros que se complementen con dotaciones o servicios comunes. Esta solución puede dar también respuesta a otros colectivos, como los mayores de 65 años que poseen viviendas en propiedad antiguas que ya no son confortables ni accesibles. Creo que hay instrumentos de colaboración público-privada para poner en el mercado este tipo de productos. Son las soluciones que se están dando en Europa, y pueden ser además un campo para los nuevos protagonistas del sector, los fondos patrimononiales y las socimis, que tendrían aquí un canal de inversión muy adecuado, con rentabilidades en torno al 6% y en un ámbito normativo y de seguridad.

—La rehabilitación es otro efe fundamental de sus políticas...

—Para nosotros es clave. En la Comunidad tenemos un parque edificatorio que ya empieza a tener una cierta antigüedad. Casi el 60% es anterior al año 81, cuando se implantaron normas técnicas que obligaban a unos estándares mínimos de calidad. Todo ese parque es poco sostenible medioambientalmente, adolece de accesibilidad universal y en muchos casos tiene conservación deficiente. Actuar en rehabilitación permite ser más sostenibles, generar ahorro, corregir situaciones de pobreza energética y solventar muchas situaciones de dependencia. Este es un sector que genera valor añadido. Se estima que por cada millón de euros invertido en rehabilitación se generan cincuenta empleos.