La «troika» exigirá más sacrificios al Gobierno socialista portugués

El desembarco de la «troika» en Portugal vuelve de forma inexorable, y no sólo porque el país adeude aún 72.000 millones de euros derivados de los 78.000 solicitados en 2011 como un rescate que, afortunadamente, quedó en único. La inestabilidad política y su traslación a las medidas económicas preocupan a los inspectores de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Mucho más desde la vigencia de una unión bancaria que encuentra, precisamente en Lisboa, uno de sus talones de Aquiles. Y sobre todo porque la cohabitación es un hecho tras la victoria del conservador Marcelo Rebelo de Sousa como nuevo presidente.

El actual Gobierno socialista de António Costa, respaldado en ocasiones puntuales por la izquierda radical, ha comenzado ya a poner en práctica sus planes de revertir algunos de los recortes aplicados en la era Passos Coelho.

Pero, de momento, ya está claro que se financiarán, en gran parte, con la subida de impuestos indirectos (tabaco, gasolina).

Tampoco está nada claro que no vaya a incrementarse el gasto público, una circunstancia que le reclaman al primer ministro desde el Bloco de Esquerda y el Partido Comunista. Los expertos europeos se proponen evitarlo porque no se fían de que realmente se respete el techo del déficit, establecido en el 3% para todos los países.

Sin embargo, el principal escollo para António Costa reside en la venta de Novo Banco, la entidad resultante de la quiebra del Espírito Santo y que heredó sus activos buenos. Del mismo modo que, hace unas semanas, Bruselas dio luz verde al traspaso de Banif (o, mejor dicho, de sus productos no tóxicos) al Santander por 150 millones de euros, ahora urgirá al Ejecutivo que tanto envidia Pedro Sánchez a solucionar este asunto espinoso a la mayor brevedad posible. Por si esto fuera poco, acaba de salir a la luz que Caixa Geral de Depósitos se halla en una grave situación, que incluso aconseja la necesidad de una recapitalización inmediata.

La fórmula de la «troika» está muy clara: tal vez se anunció muy alegremente desde el Partido Socialista que se acabarían los recortes y que todos los trabajadores recuperarían las cantidades que les fueron cercenadas. Los inspectores llegan con la misión de transmitir a Costa y a su ministro de Finanzas, Mário Centeno, que la primera obligación que Portugal debe cumplir es no desviarse de sus compromisos internacionales de consolidación fiscal.

La consecuencia parece más que evidente: ¿quién dijo que los sacrificios habían terminado para los portugueses? Si no se modera el discurso presupuestario, la senda correcta por la que transitó el país vecino durante la anterior legislatura puede llenarse de piedras en ese camino. Cierto que el FMI cerró el pasado 30 de septiembre su oficina en Lisboa, pero ya avisó entonces que se iban a mantener sus visitas cada seis meses.

Consciente de semejante perspectiva, lo primero que hizo António Costa en cuanto resultó investido primer ministro fue viajar a Bruselas para tranquilizar al centro de poder comunitario, intranquilo porque sus dos socios se distinguieron en los dos últimos años por pedir la salida de Portugal de la zona euro.

Se trata entonces de un primer ministro embutido entre dos flancos de presión: el de la UE y el de los compañeros extremistas que ha elegido para su travesía, en lugar de aceptar la mano tendida que le ofreció el socialdemócrata Passos Coelho. La «troika», como es lógico no se conforma con frases ambiguas y buenas intenciones. Quiere resultados y que las macrocifras no se tiñan de color rojo, entre otras cosas porque se generaría un efecto dominó que podría salpicar a España e Italia.