El sector inmobiliario cree que el control de los alquileres de la Generalitat tiene poco recorrido legal

El pasado mes de abril, la diputación permanente del Congreso de los Diputados aprobó una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) por la que se limitaban las rentas de los alquileres al IPC. Un mes más tarde, la Generalitat ha ido un paso más allá. El Govern ha sacado adelante un decreto ley que establece que los alquileres no podrán superar el 10% de la media de la zona.

Será un Índice de Referencia elaborado a partir de las fianzas depositadas en el Incasòl el que determinará la subida de los alquileres en la región. La Generalitat ha defendido que el decreto se ampara en el Código Civil de Cataluña y debe ser respetado por el Gobierno central. Sin embargo, los expertos del sector aseguran que realmente la comunidad autónoma no tiene competencias en este ámbito.

Y es que la nueva norma contradice la aprobada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez en esta materia. En concreto, el decreto del PSOE señala que serán ambas partes las que fijarán libremente la subida del alquiler, aunque luego especifica que esta no podrá «exceder del resultado de aplicar la variación porcentual experimentada por el Índice de Precios al Consumo a fecha de cada actualización». Una referencia distinta a la que utiliza la norma catalana.

Los expertos consultados por este periódico, y fuentes conocedoras de la norma, explican en caso de que dos normas choquen, prevalecerá la que sea más específica. Por tanto, en este caso, la Ley de Arrendamientos Urbanos prevalecería sobre el Código Civil de Cataluña. Y el decreto catalán correría riesgo de ser tumbado si fuera recurrido.

Desde el Ministerio de Fomento señalan no obstante que por el momento no se ha decidido si se recurrirá el decreto. Mientras, el gerente de la Agencia Negociadora del Alquiler, José Ramón Zurdo, considera «que esta medida será incluso más nociva que el decreto aprobado por el Gobierno. No hay forma de controlar de forma eficiente los precios y se podrían dar, amparados en esta ley, incrementos que hasta ahora no se estaban produciendo.