Naturgy critica el carácter «recaudatorio» de la fiscalidad energética en España
Un tributo medioambiental debe basarse en el principio de que «el que contamina, paga, pero todos, no solo algunos»
El presidente de la Fundación Naturgy y ex consejero delegado de la misma, Rafael Villaseca, ha criticado el carácter «básicamente recaudatorio» de la fiscalidad energética actual en España, que «no se destina siempre de forma prioritaria a resolver los problemas energéticos y ambientales que dieron lugar al impuesto».
Villaseca hizo estas declaraciones en la presentación del estudio de la Fundación Energy «La fiscalidad energética. Sentido, objetivos y criterios» , elaborado por el fiscalista Juan Carpizo y las abogadas especializadas en fiscalidad Eugenia Montaña y Teresa Checa.
«Un tributo medioambiental debe tener carácter finalista , esto es, los ingresos obtenidos por la recaudación del mismo deben destinarse a financiar gastos para la mejora y protección del medio ambiente», subrayó Villaseca.
Según afirman los autores en el libro, «no podemos encontrar ningún impuesto cuyo objetivo prioritario sea incidir en la reducción de comportamientos contaminantes o en el fomento de un uso energético más eficiente».
En el estudio se afirma que «un tributo medioambiental debe gravar los efectos nocivos para el medio ambiente provocados por aquellas actividades que los originen», bajo el principio general de la tributación medioambiental de que «el que contamina, paga, pero todo aquel que contamina, no solo algunos».
El libro recuerda que uno de los principales retos en relación con la política y la legislación medioambientales de la Unión Europea es «mejorar la fiscalidad medioambiental, así como reducir las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente», y para ello, «los impuestos medioambientales son una pieza clave». Sin embargo, en la última década ha habido una cierta dispersión normativa y un enfoque heterogéneo a escala regional e incluso local.
Según recoge el estudio, Eurostat afirma que los impuestos sobre la energía representan más de las tres cuartas parte s de los ingresos totales procedentes de los impuestos medioambientales (76,9%), muy por delante de los impuestos sobre el transporte (19,7%) y sobre la contaminación y los recursos (3,4%).
Cada comunidad tiene sus reglas
Otra de las constataciones del libro es que en España «no hay uniformidad en cuanto a las reglas de exacción de los tributos medioambientales, ya que, en función del territorio o comunidad autónoma donde se ejerza la actividad y se pueda contaminar, se abonará o no un impuesto ecológico». A modo de ejemplo, el sector eólico abona un canon en algunas comunidades como Galicia, Castilla La Mancha y Castilla y León, que no se exige en el resto.
El estudio concluye también que no existen reglas comunes en cuanto al gravamen sobre emisiones entre comunidades: algunas gravan de forma directa sobre el agente contaminante y otras gravan las instalaciones como los parques eólicos, las huertas solares y las centrales hidroeléctricas. En este sentido, algunas comunidades como Cataluña, Andalucía y Aragón gravan directamente las emisiones de CO2 y resto de emisiones contaminantes, mientras que otras regiones como Asturias y La Rioja gravan instalaciones o actividades que podrían deteriorar el medioambiente.
