La Justicia Europea niega que Airbnb deba regularse como una inmobiliaria
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) califica a la plataforma de «servicio de la sociedad de la información» y remite a la Directiva de 2000 sobre el comercio electrónico como su marco legal
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha determinado este jueves que la plataforma digital Airbnb es un «servicio de la sociedad de la información» y que , por lo tanto, no se debe regular según las normas aplicables a los agentes inmobiliarios. Entre los motivos aducidos por la Justicia Europea, el que la web no fija los precios de los alquileres.
El tribunal ha contestado así a una consulta planteada a la corte europea por un tribunal de París , a raíz de una denuncia de la Asociación para el alojamiento y turismo profesional de Francia contra la plataforma Airbnb Ireland de alquiler temporal de apartamentos.
La corte comunitaria ha sostenido en su sentencia que procede calificar de «servicio de la sociedad de la información» a una plataforma como Airbnb que, a cambio de una remuneración, pone en contacto a potenciales arrendatarios con arrendadores, profesionales o no profesionales, que ofrecen servicios de alojamiento de corta duración.
Lo que, en opinión del TJUE, le deja en el ámbito de aplicación de la Directiva de 2000 sobre el comercio electrónico, y ha considerado que Francia no puede exigir a Airbnb que disponga de una tarjeta profesional de agente inmobiliario, al no haber notificado esta exigencia nacional a la Comisión conforme a lo dispuesto en esa regulación europea.
Hoteleros franceses: más que una plataforma
La asociación hostelera francesa ha argumentado que Airbnb Ireland no se limita a poner en contacto a dos partes gracias a su plataforma digital, sino que ejercía una actividad de agente inmobiliario sin estar en posesión de una tarjeta profesional, infringiendo de ese modo una ley nacional que regula las actividades de los profesionales del sector inmobiliario. Airbnb Ireland ha alegado que la Directiva europea se oponía a esa normativa francesa.
El tribunal ha tomado como referencia s u sentencia de 2017 favorable a la demanda de la asociación Elite Taxi de Barcelona contra Uber y recordado que, si un servicio de intermediación cumple los requisitos de la Directiva sobre comercio electrónico, constituye a priori un «servicio de la sociedad de la información» distinto del servicio subsiguiente al que está vinculado.
En el caso de Airbnb Ireland, ha sostenido que sí cumple esos requisitos y que la naturaleza de los vínculos entre el servicio de intermediación y la prestación de alojamiento no justifica que no pueda ser calificado de «servicio de la sociedad de la información». En su opinión, Airbnb ha acreditado que es un instrumento de presentación y búsqueda de alojamientos, que facilita la conclusión de futuros contratos de arrendamiento, un servicio que no puede considerarse meramente accesorio de un servicio global de alojamiento.
En segundo lugar, los jueces de Luxemburgo ha afirmado que el servicio de intermediación que prestada Airbnb Ireland no es en modo alguno indispensable para las prestaciones de alojamiento , ya que los arrendatarios y los arrendadores disponen de otros muchos cauces para ello. Por último, el tribunal ha destacado que no tiene información de que Airbnb determine o limite el importe del alquiler solicitado por los arrendadores que utilizan su plataforma.
Y ha precisado que otras prestaciones que ofrece la plataforma no ponen en tela de juicio esta conclusión , dado que son meramente accesorias del servicio de intermediación.
Sin influencia relevante
Recalcó que, a diferencia de los servicios de intermediación objeto de las sentencias sobre los casos de Elite Taxi y de Uber en Francia , ni este servicio de intermediación ni las prestaciones accesorias propuestas por Airbnb Ireland han permitido demostrar que dicha sociedad ejerza una influencia decisiva sobre los servicios de alojamiento a los que se vincula su actividad.
Al respecto, desde Airbnb han mostrado su satisfacción y mostrado su voluntad de «seguir trabajando con las ciudades en normativas claras, que sitúen a las familias y a las comunidades locales como principales protagonistas del turismo sostenible en el siglo XXI». La plataforma ha destacado que ya ha trabajado con «más de 500 gobiernos pasra ayudar a los anfitriones a compartir sus hogares, cumplir con la regulación y hacer frente a sus obligaciones tributarias».
Desde la plataforma han argumentado que su actividad genera nuevas oportunidades económicas y que los anfitriones se quedan con hasta 97 céntimos de cada euro que cobran por el alojamiento. En este sentido, han destacado que el año pasado la actividad de Airbnb tuvo un impacto económico directo superior a los 100.000 millones de dólares a nivel global y de 36.000 millones de euros dentro de la Unión Europea (UE).
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