El juez pide documentos al Santander para saber si el Popular financió irregularmente la ampliación de 2016
El auto señala que los principales directivos y departamentos estratégicos de la entidad resuelta en 2017 consintieron dar crédito a clientes para acudir a esta operación
El juez José Luis Calama ha solicitado a Banco Santander, como heredero tras la resolución , cierta documentación para esclarecer si la ampliación de capital de 2016 de Banco Popular se llevó a cabo con financiación irregular. Esto es, concediendo crédito a clientes para acudir a la operación sin descontarse esas cantidades del capital.
El «caso Popular», por el que están imputados los dos últimos presidentes, Ángel Ron y Emilio Saracho , avanza ahora más por la etapa del primero de ellos. Tras tomar declaración los últimos meses -e imputar- a varios entonces directivos del Popular, el juez trata ahora de cerciorarse, más allá de indicios, de que aquel movimiento no se llevó a cabo conforme a la ley. Fue a mediados de 2016 cuando Ron sacó adelante la ampliación -por la que se le investiga- para reforzar internamente la entidad y proteger el banco del deterioro de activos inmobiliarios. Saracho, que llegó a la entidad en febrero de 2017, terminó por reexpresar las cuentas de la firma financiera, hasta desembocar en su resolución y adjudicación a Banco Santander en junio.
En aquella reexpresión de las cuentas ya se advirtió de lo siguiente: «Determinadas financiaciones a clientes que pudieran haberse utilizado para la adquisición de acciones en la ampliación de capital llevada a cabo en mayo de 2016, cuyo importe, si se verificara, debería ser deducido de acuerdo con la normativa vigente del capital regulatorio del Banco, sin efecto alguno sobre el resultado ni el patrimonio neto contable. La estimación estadística del importe de estas financiaciones es de 205 millones de euros , siendo el importe total objeto de este análisis de 426 millones de euros».
Por orden de Saracho, el banco inició una investigación interna para conocer hasta qué punto se habría financiado irregularmente la ampliación de 2016, aunque según recoge el juez Calama en su auto «no consta que la finalizaran en el plazo indicado ni que elevaran su informe a la Comisión de Riesgos» . En todo caso, el magistrado señala que en la documentación aportada a la causa hay un archivo de «enorme trascendencia».
Documento de «enorme trascendencia»
Este documento es un informe remitido por Heraclio Peña, vicesecretario del consejo de administración, a requerimiento de la CNMV en el que se afirma que se dieron «instrucciones precisas de financiación». Asimismo, el auto desgrana que de ese documento se deduce que tanto el consejero delegado como los directores generales de banca minorista y de negocio de clientes lideraron dicha financiación, «alentando a la red comercial -a través de los directores territoriales y regionales- para que ofertaran financiación a determinada clientela de BP a fin de participar en la referida ampliación de capital». Y añade el auto: «Con carácter indiciario, cabe afirmar que los máximos directivos de departamentos estratégicos del banco -Intervención General, Auditoría Interna y Riesgos- conocieron y consintieron dicha financiación» .
El juez deja constancia que el manual de políticas de riesgos del Popular prohibía expresamente financiar a clientes para comprar acciones. «Tanto las sucursales, como las direcciones regionales y territoriales conocían la prohibición referida. Dicha prohibición, expresa y categórica, se eludió haciendo constar como destino de los créditos otros distintos a la financiación de acciones . Para ello se impartieron instrucciones específicas a la red comercial, obviando la prohibición de dicho manual», explica. En este sentido, el juez trata de esclarecer si «la entidad ofreció al mercado unas ratios de capital regulatorio mejores de los reales vulnerando conscientemente el principio de transparencia que preside el funcionamiento del mismo», ya que tendría que haber deducido de capital esa presunta financiación.
Así las cosas, el auto de juez reprocha que el departamento de Auditoría Interna del banco no abriera una amplia investigación sobre este asunto . «Hecho este que causa estupefacción», indica Calama, al tiempo que añade que, «por ello, este Juzgado se ve abocado a realizar una investigación pericial sobre este tema de la financiación». En este sentido, ha solicitado la elaboración de tres archivos en formato excel o access con detalle de los accionistas -excluidos los empleados de Popular- que suscribieron más de 5.000 acciones en la ampliación de capital de mayo de 2016, así como otra documentación, todo para poder delimitar exactamente cómo y con quién se habría llevado a cabo esta operativa.
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