Los institutos de FP piden que las prácticas obligatorias no coticen

La propuesta del Gobierno para cotizar por los becarios tampoco deja indiferente a los centros de FP y a sus cerca de 800.000 alumnos que, en estos momentos, están cursando FP de grado medio y de superior. Estas enseñanzas requieren la obligación de realizar entre 350 y 400 horas de prácticas en una empresa o institución, dependiendo de la titulación. «Es como una asignatura más, un modulo más», explica Luis García, presidente de FPempresa, una asociación que reúne a centros de formación profesional de toda España. Es decir, son prácticas no laborales vinculadas al currículo, en las que el alumno recibe una formación de un tutor en la empresa o institución donde desarrolle la práctica y es supervisado por otro tutor del centro educativo.

En FP, las prácticas se suelen realizar en el último trimestre del segundo año, cuando los estudiantes están a punto de titularse. «Durante tres meses o tres meses y medio. Es un contrato de colaboración entre la empresa y el centro educativo. El alumno no recibe ningún dinero, no hay salario, no hay contrato laboral y no hay cotización», dice García. El beneficio entre ambos es mutuo: «con un alumno de grado medio o superior a punto de titularse, el empresario invierte el primer mes en su formación pero durante el resto del periodo de prácticas también le saca rendimiento», asegura García. Además, la FP tiene otra realidad: dependiendo del sector, a veces llega al 60% los estudiantes que se quedan en la empresa donde han realizado las prácticas.

Estas prácticas se encuentran también en el eje de la discordia. Con su propuesta el Gobierno quiere que coticen y lo pague la empresa, pero «abre la puerta a que sea el centro educativo», se queja García que propone que distinguir entre las prácticas curriculares obligatorias y todas las demás. «Las primeras deberían quedar exentas de cotización», defiende.

De no ser así, pagar la Seguridad Social a los becarios pondrá en jaque a muchos institutos de FP. «Muchos centros —afirma— no contamos con fondos suficientes para hacer frente a las cotizaciones, aunque sean cuotas de 51 euros mensuales por alumno». No se trata solo de un tema económico. García advierte de otra preocupación: «Habrá mayores dificultades para encontrar empresas que realicen prácticas».

Diferente es la FP Dual, que está regula de forma distinta en cada comunidad autónoma. «Las empresas se hacen cargo de pagar una cuota de unos 40 euros a la Seguridad Social. Y según la región, algunos alumnos reciben el salario mínimo de convenio, otros una ayuda, otros beca y otros nada», señala.