SUPERÁVIT AMASADO EN 2018

Hacienda aparca la reinversión de 5.000 millones de ayuntamientos y regiones

El pulso con la Abogacía delEstado para repartir los 7.000 millones de entregas a cuenta, frena la medida

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Los ayuntamientos y comunidades autónomas que cerraron el año con superávit ahora enfrentan una nueva batalla más allá de la contable: la reinversión de este excedente que ascendió a unos 5.000 millones, máxime a meses de las elecciones regionales y municipales. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), así como comunidades como Canarias o Galicia se han quejado al Gobierno, pidiéndole un decreto que les permita utilizar lo ahorrado el año pasado para dedicarlo a servicios públicos o inversiones. Una cuestión que gozaba del visto bueno de la ministra María Jesús Montero , pero que ante el fracaso de los Presupuestos que incluían esta disposición para los municipios se encuentra en un limbo legislativo.

Como apuntan fuentes de Hacienda, el asunto está a la espera de que en el Ministerio resuelvan otro problema: los 7.000 millones de entregas a cuenta a comunidades y consistorios que ha encontrado dudas jurídicas por su viabilidad desde la Abogacía del Estado. En el departamento dirigido por Montero están afinando la propuesta para conseguir el visto bueno jurídico al decreto. Pero hasta que no se consiga, esto sirve de freno al decreto deseado por municipios y regiones.

Presión de Galicia y Canarias

Hasta entonces, la Ley de Estabilidad rige desde 2012 que todo excedente y remanente de comunidades y consistorios debe dirigirse a reducir el endeudamiento de toda Administración. Un colchón de recursos que Hacienda no deja gastar en otros asuntos como servicios sociales o inversiones. El Gobierno de Mariano Rajoy introdujo la salvedad de las inversiones financieramente sostenibles pero es necesario el visto bueno anual del Ejecutivo que se ha dado en los últimos años. En 2018 se relajaron más estas prebendas, dirigidas en un principio solo a las corporaciones locales, con un mayor número de inversiones sostenibles , y también se incluyó a las comunidades autónomas en superávit.

Mientras tanto, la presión política de consistorios y regiones va en aumento. El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo , hace unos días dijo que ha dirigido una carta a la ministra de Hacienda para lograr destinar los 125 millones conseguidos en 2018 a gasto social. El caso de Galicia no es el único: Canarias también pidió hace meses esta norma para poder utilizar el superávit de 2018, que en su caso se estima como el más cuantioso: hasta noviembre tenía 667 millones, un 1,44% del PIB.

La mejora de las cuentas ha provocado que este año proliferarán las regiones que han cerrado 2018 en superávit. Nueve de las 17 comunidades presentaban esta situación en los datos de ejecución presupuestaria hasta noviembre. Aunque estas cifras menguarán en los datos de déficit a cierre de año que publique Hacienda, ya que siempre quedan inversiones y gastos no atendidos a final de año que reducen el déficit de las administraciones.

Reivindicación de los barones

Hasta noviembre Asturias (1,03% del PIB de excedente), País Vasco (0,97%) o La Rioja 0,56%) también se perfilan para cerrar el año con superávit además de regiones como Baleares (0,28%), Cataluña (0,14%), Madrid (90,08%) o Cantabria (0,08%). País Vasco, Navarra, Canarias y Baleares ya lo consiguieron en 2017. La próxima semana se conocerán los datos definitivos de la contabilidad nacional y, al conocerse el superávit y regiones exacto, las reivindicaciones de los barones elevarán la voz.

Sin embargo, como todos los años, el grueso del superávit vendrá de las corporaciones locales, que repetirán, según la Autoridad Fiscal un excedente próximo a los 5.000 millones, en torno a un 0,4% del PIB. El presidente de la FEMP, Abel Caballero, también ha pedido al Gobierno un decreto ley para reinvertir el excedente de 2018 que incluían los Presupuestos. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid amasó más de 1.000 millones en superávit.

Una situación de excedente que se traduce en cuantiosos ahorros: hasta septiembre de 2018, los ayuntamientos contaban con 28.236 millones aparcados en cuentas bancarias y depósitos de años anteriores, que Hacienda no les deja gastar .

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