Guerra abierta entre la CNMC y Renfe por la liberalización del AVE

La liberalización del AVE ha desatado una pugna entre la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y Renfe que amenaza con judicializarse. El «superregulador» ha recomendado a Adif que el contrato de adjudicación (recogido en los conocidos como acuerdos marco) que firme con el operador ferroviario tras la apertura de la alta velocidad sea de cinco años . Pero la empresa dirigida por Isabel Pardo de Vera insiste en ofrecerle una concesión de diez años, como hará con sus futuros competidores, la francesa SNCF y la alianza de Ilsa y Trenitalia.

Fuentes del sector explican que esta insistencia se debe a que Renfe, que sigue siendo el principal cliente de Adif, está presionando al gestor ferroviario. La compañía pública ha recogido el guante y ha suspendido la firma de los contratos que tenía con los futuros rivales de Renfe , prevista inicialmente para el lunes. Una medida de presión que Adif justifica asegurando que siempre ha entendido «el proceso de la liberalización como un todo».

Desde SNCF explican que «no hay impedimento jurídico o administrativo para no firmar este acuerdo» y reclaman que su concesión se firme «en los próximos días». Adif asegura que los tres contratos se firmarán de forma inminente, aunque queda por saber en qué términos quedará la concesión de Renfe, que también ultima sus alegaciones a la decisión de la CNMC. El operador ferroviario considera que Competencia está promulgando un trato discriminatorio , ya que sus competidores sí contarían con diez años de concesión en lugar de cinco.

El «superregulador», que ya insistió en estos plazos en el pasado, basa su cálculo en la ley del sector ferroviario , que estipula que solo se podría alargar este contrato si existiesen grandes inversiones para entrar en el mercado que lo justificasen. La CNMC sí ve necesarias las inversiones en material rodante que han comprometido la SNCF (700 millones de euros) e Ilsa (200 millones), pero considera que la cuantía destinada por Renfe a este proceso (900 millones) es innecesaria porque ya contaba con trenes suficientes para afrontar la liberalización.

Todo este embrollo amenaza con judicializarse . Tanto Adif como los rivales de Renfe no han descartado llevar el asunto ante la Audiencia Nacional. Una medida que, en principio, no interferiría con los plazos de la liberalización.