Adicae exige al Santander que compense a todos los accionistas del Popular

La Asociación para la Defensa de Consumidores y Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) advirtió este miércoles a Banco Santander de que cualquier medida compensatoria a los más de 300.000 accionistas y bonistas del Popular que han perdido su inversión tras la resolución de la entidad debe ser universal. Esta reivindicación contesta al anuncio del banco de que estudia una solución que solo afectaría a los pequeños inversores que compraron títulos del Popular en la ampliación de capital de junio de 2016 y que sean clientes.

El vicepresidente de Santander España, Juan Manuel Cendoya, afirmó hoy que la entidad está analizando posibles soluciones para los pequeños accionistas del Popular que son clientes y que acudieron a la última ampliación de capital

, y explicó que en los próximos días se concretarán las mismas.

La asociación de consumidores se muestra preocupada por la posibilidad de que la entidad presidida por Ana Botín esté buscando «una medida arbitraria e interesada para dar una supuesta solución, respecto de la que nada se ha concretado y que parece que, en cualquier caso, se limitaría a los clientes y pequeños accionistas que acudieron a la ampliación de capital del 2016», y calificó el anuncio de «operación de marketing reputacional».

La Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec), por su parte, ha valorado positivamente el anuncio del Santander, calificándolo de «medida importante para aliviar el daño económico y moral» sufrido por los accionistas del Popular tras la resolución. Aunque se tomasen estas medidas que anuncia el Santander, la asociación considera que se deben exigir «responsabilidades administrativas, civiles y penales a todas las personas físicas y jurídicas que hayan contribuido a ocasionar el daño», y por tanto mantienen su intención de pleitear contra los antiguos gestores del banco. De hecho, Aemec va a seguir adelante con la demanda presentada ante la Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional contra el expresidente Emilio Saracho y el consejero Antonio del Valle.