Los accionistas presionan para que el Estado ceda su mayoría en AENA

La posibilidad de ampliar el capital en manos de inversores privados de AENA, hoy representativo del 49%, es una posibilidad que ha estado sobre la mesa, prácticamente, desde el inicio del proyecto que culminó en febrero de 2015 con su salida a Bolsa. Incluso, el actual ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, reconoció en una entrevista en Cope que el Gobierno estaba dispuesto a estudiar la privatización de un tramo adicional de la sociedad gestora de los aeropuertos españoles, si bien, pocas semanas después, matizó sus palabras y precisó que el Estado no llevará a cabo una nueva desinversión «a corto plazo». Un «corto plazo», dijo, que significa «semanas o meses».

La proyección internacional de AENA es el principal motivo que, según los accionistas privados de la compañía, invitaría a una privatización mayor.

Así se lo han hecho saber al Gobierno los fondos de inversión presentes en el accionariado, entre ellos TCI (The Children’s Investment Fund), que dispone de más de un 12% del capital, según fuentes financieras. Se trata de una posición unánime, detallan, compartida por el resto de grandes accionistas presentes en el accionariado (Blackrock, Talos Capital, Deutsche Bank y HSBC, entre aquellos que tienen más de un 3% del capital).

Incluso, algunas de estas firmas han sondeado el mercado para comprobar de primera mano el apetito que existe entre otros fondos internacionales para hacerse con una porción de una compañía que desde la opv se ha revalorizado más de un 130% en el parqué madrileño. Actualmente, la participación que mantiene el Estado, a través de la sociedad Enaire, está valorada en más de 10.200 millones de euros.

En los últimos años AENA ha dado tímidos pasos en sus planes de internacionalización, pese a que su presidente, José Manuel Vargas, se ha marcado la expansión en el exterior como uno de sus ejes estratégicos. Pero siempre se ha topado con una barrera de cristal: cualquier movimiento de estas características, como la adquisición del aeropuerto de Londres Luton en 2014, debe ser ratificado por el Gobierno, lo que ralentiza y dificulta cualquier operación, amén de dotarla de un barniz político que aleja los procesos de toma de decisión de los criterios estrictamente económicos. Asimismo, AENA posee participaciones en varios aeropuertos de México, Jamaica y Colombia.

Pero la hipotética privatización adicional cuenta, además, con otro elemento en contra. La participación del 49% está blindada por ley. El Real Decreto 13/2010, texto redactado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que el anterior equipo de Fomento empleó para articular la entrada de capital privado, fija la permanencia del carácter público de esta compañía. Por tanto, superar la barrera del 51% exige modificar dicha regulación, para lo que es preciso alcanzar un acuerdo con el resto de formaciones políticas dado que el Gobierno carece de mayoría absoluta en la Cámara Baja.

Relaciones tensas

La bajada de las tarifas aeroportuarias aprobada en el Consejo de Ministros de la semana pasada ha encrespado las relaciones entre ambas partes. El Gobierno ha determinado reducir dichas tasas en un 11% hasta 2021, en el marco del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), una medida que los accionistas de AENA consideran contraproducente puesto que tendrá un impacto negativo durante ese periodo de cerca de 900 millones de euros y, en concreto, detraerá 600 millones de euros de su liquidez. Lastrará, de este modo, una de las magnitudes que más ha logrado fortalecer AENA durante los últimos años: según los resultados de los nueve primeros meses del año, la sociedad aeroportuaria registró 1.699,1 millones de euros de flujo de caja (un 22,4% más).

Los accionistas del operador piensan que la reducción de las tarifas introduce un entorno de elevada incertidumbre para los próximos años, en los que el sector turístico español puede sufrir los reveses del Brexit y el regreso de los flujos de tráfico aéreo a los países del norte de África si se estabiliza su situación política. Creen que la rebaja del 2,2% anual determinada por la Administración resulta excesiva y dudan de que las firmas aéreas vayan a repercutir el abaratamiento de las tarifas en los billetes.

Aunque los fondos abogaban por una congelación, postura que transmitió AENA en su propuesta, consideraban admisible una caída de en torno al 1,3%, en línea con los principales operadores de aeropuertos internacionales. Fuentes financieras avisan de que los fondos podrían anunciar las acciones de diversa consideración para oponerse a dicha medida.

Mientras AENA ultima un «road show», que llevará a la dirección de la compañía a Londres y Nueva York, previsiblemente, a finales de este mes o comienzos de marzo para explicar las implicaciones del DORA.