PwC asegura que existen 923 clientes sospechosos de blanqueo de capitales
PwC asegura que existen 923 clientes sospechosos de blanqueo de capitales - EFE

Los accionistas mayoritarios de BPA estudian denunciar a auditores y reguladores

Defienden su buena gestión y piden tener acceso al informe de PwC que determinó que 900 clientes eran sospechosos de blanqueo de capitales

Barcelona Actualizado: Guardar
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Los accionistas mayoritarios de Banca Privada d'Andorra (BPA), los hermanos Cierco, estudiarán denunciar a los auditores de la entidad en los últimos años –KPMG y Deloitte– y a los reguladores andorranos si se confirman las incidencias que ha detectado la revisión de PwC hecha pública la noche de este martes.

En un comunicado, han anunciado que exigirán por la vía judicial el contenido íntegro del informe que PWC ha realizado durante el último año, tras el aviso del Tesoro de Estados Unidos de alerta por blanqueo de capitales en el banco andorrano.

Han afirmado que llevarán a cabo todas las acciones legales necesarias para defender su «buen nombre y honestidad», y han asegurado que los administradores de la entidad y su dirección general siempre fueron diligentes en el cumplimiento de las obligaciones establecidas anualmente por las autoridades reguladoras andorranas.

Han argumentado que los informes encargados por BPA de 2007 a 2014 siguieron la normativa de blanqueo de capitales, por lo que ven «dudoso» que ahora PwC haya detectado tal nivel de incidencias –riesgo de blanqueo en 1.000 millones de euros, un 19% del total de la entidad–.

Han considerado probable que PwC haya aplicado unos criterios más restrictivos que los de la actual normativa andorrana de prevención de blanqueo, que si se aplicasen a otras entidades del país de los Pirineos las pondrían « en numerosos problemas y dificultades».

Los Cierco han insistido en que «nadie ha tenido acceso» al informe de PwC, que no hay ninguna prueba de comisión de delitos y que no se aclara si los clientes sospechosos detectados por PwC son los que ya estaban vinculados a los tres casos de posible blanqueo que se encontraban bajo control judicial antes del aviso de Estados Unidos.

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