El Senado aprueba de forma definitiva la ley de Segunda Oportunidad

El Senado ha aprobado hoy de forma definitiva y sin modificaciones la Ley de Segunda Oportunidad, que entre otras medidas incluye disposiciones para exonerar deudas a particulares y pymes o la extensión de la deducción de 1.200 euros anuales, el llamado «cheque familiar».

La Comisión de Economía del Senado, con competencia legislativa plena, ha rechazado tres vetos y 218 enmiendas de la oposición y ha aprobado el texto legal con los votos del PP, por lo que el proyecto de ley, que convalida un real decreto de febrero en vigor, ha quedado definitivamente aprobado al no haberse modificado durante el trámite en la cámara alta.

La norma establece una segunda oportunidad en el ámbito concursal para deudores de buena fe con cargas, que incluye a los particulares, retira las cláusulas suelo a colectivos vulnerables

y apoya las bonificaciones a familias y autónomos, entre otras medidas.

El senador del PP Vicente Aroca ha dicho que el objetivo es ofrecer nuevas oportunidades a las personas «atrapadas por la crisis» que han tenido una mala experiencia personal o profesional, por lo que ha opinado que es un texto «bueno y útil» ya que ayudará a continuar con la senda de recuperación.

Ha señalado que al mismo tiempo que da oportunidades a los deudores de buena fe, la ley también se refiere a los acreedores, por lo que trata de conciliar los intereses de unos y otros para no dañar la cultura del pago y la cultura empresarial.

Desde la oposición, el senador José Antonio Manchado del PSOE ha asegurado que se trata de «una oportunidad perdida» para recuperar a las personas que lo han perdido todo y que merecen una solución por cuestiones de «justicia social», que esta norma no contempla.

Competencias autonómicas

Ha añadido que es una ley «insuficiente», no homologable a las normas del mismo ámbito de otros países, y ha criticado también que no protege el derecho de acceso a la vivienda de las familias.

Por su parte, el senador de CiU Ramón Arturo ha lamentado que esta ley tendría que haber sido la «de los grandes consensos» frente a las situaciones de pérdida de la vivienda habitual y ha criticado que las deudas con Hacienda y la Seguridad Social se queden fuera del mecanismo de exoneración, ya que esto perjudica sobre todo a las pymes.

Asimismo, la senadora María Eugenia Iparragirre del Grupo Vasco ha explicado que es necesario establecer un mecanismo de segunda oportunidad, pero ha dicho que comparte la música «pero no la letra» ni «la interpretación de la partitura» del PP.

Concretamente, ha asegurado que la tramitación es un «desaguisado» ya que esta norma «ómnibus» modifica leyes que no sólo se refieren a la segunda oportunidad, un aspecto que han criticado todos los grupos de la oposición, y ha advertido de que vulnera competencias autonómicas.

Las críticas de la oposición

En el mismo sentido, el senador de Entesa Jordi Guillot ha dicho que la ley «es un compendio de las malas prácticas legislativas» del PP, ha criticado que suponga una nueva reforma concursal y ha afirmado que la segunda oportunidad está «cargada de condicionantes» e ignora el perfil de los deudores vulnerables, que no podrán pagar «escriba lo que escriba» el Ejecutivo porque «están en la miseria».

Su compañero de Entesa Carlos Martí también ha arremetido contra la ley porque no contempla la dación en pago y ha comparado el texto con una red con la que se pretende pescar, pero que tiene «agujeros demasiado grandes».

Por último, la senadora de ERC Ester Capella ha dicho que la ley da mucha cobertura a los acreedores y muy poca a los deudores, y ha lamentado que no sirva para salvaguardar la vivienda habitual de las personas ya que el mecanismo de la segunda oportunidad se basa en la liquidación del patrimonio