El Gobierno acepta enmiendas a la Ley de la Segunda Oportunidad, como pide el PSOE

El Grupo Parlamentario Popular ha aceptado hoy tramitar la Ley de la Segunda Oportunidad como Proyecto de Ley y demorar así la convalidación del decreto-ley que ha remitido el Gobierno al Congreso de los Diputados, según ha podido saber hoy ABC de fuentes parlamentarias.

Las conversaciones que han mantenido los populares con el resto de los grupos políticos han dado sus frutos y hoy se ha plasmado en la aceptación de alargar el trámite parlamentario de esta iniciativa para incorporar propuestas de la oposición.

El anuncio lo ha realizado el portavoz de Economía del PP, Vicente Martínez Pujalte, durante su intervención en el debate.

A pesar de esta demora en la aprobación de la mencionada ley, los populares quieren que quede definitivamente aprobada el 15 de abril, con el objetivo de continuar su tramitación en el Senado.

Esta Ley de la Segunda Oportunidad contempla varias medidas, entre las que hay que destacar la posibilidad de exonerar las deudas a particulares y pymes o la extensión de la deducción de 1.200 euros anuales, el denominado «cheque familiar», cuyo coste para el Estado asciende a 545 millones de euros.

Iguañmente. el Ejecutivo extiende la protección a los colectivos más vulnerables que quedarán excluidos de las cláusulas suelo de los préstamos hipotecarios. Además, prorroga hasta 2017 la suspensión de los desahucios, que vencía en mayo de este año.

Contratos indefinidos

La ley también implanta una tarifa plana de 500 euros para los nuevos contratos indefinidos, que no pagarán cotización a la Seguridad Social durante dos años. Se aplicará un tipo progresivo, de forma que el ahorro será mayor para los salarios más pequeños.

La nueva tarifa reducida obligará al empresario a aumentar la plantilla y el número de trabajadores fijos y a mantener el empleo generado con los nuevos contratos durante al menos tres años.

La medida estelar permitirá mediante un proceso concursal la exoneración de todas las deudas de empresas y particulares, aunque no se cubran con la totalidad de los bienes.

El objetivo es conciliar intereses de acreedores y deudores mediante unos procedimientos con garantías que permitan afrontar el pago de las deudas de forma ordenada, mediante acuerdos extrajudiciales con mediadores que serán notarios o las propias Cámaras de Comercio. Durante el plazo de estas negociaciones se suspenden las ejecuciones de bienes necesarios para la actividad, incluida la vivienda habitual.