La Audiencia Nacional rebajó la fianza por la salida a Bolsa de Bankia de 800 a 34 millones de euros
La Audiencia Nacional rebajó la fianza por la salida a Bolsa de Bankia de 800 a 34 millones de euros - efe

La Audiencia Nacional rechaza que el FROB defienda los intereses de Bankia

Considera que el órgano de Economía no puede recurrir la fianza impuesta al banco porque no es un perjudicado

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La Audiencia Nacional ha rechazado que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) asuma la representación de los intereses de Bankia y su matriz, BFA, por el hecho de tener participaciones en dichas entidades. En un auto, en el que desestiman el recurso del fondo de rescate contra la fianza que el juez Fernando Andreu impuso por la salida a Bolsa de Bankia, la Sala de lo Penal explica que dicha participación «no le dota (al FROB) de legitimidad para asumir la representación de los intereses de tales entidades, personas jurídicas con personalidad jurídica propia y separada».

Con esta decisión, la sección tercera de la Sala de lo Penal considera que el FROB no tiene legitimidad para recurrir la fianza —que rebajó de 800 a 34 millones de euros al ajustarla al perjuicio causado a los inversores que han pedido la medida en la causa penal— por considerar que no fue perjudicado por la medida.

En concreto, el auto explica que «solo están legitimados para interponer recurso contra las resoluciones judiciales aquéllas partes personadas que hayan sufrido por ella perjuicio o gravamen». Además, este perjucio debe tener «una determinada intensidad o carácter», que no concurre en este caso. La Sala de lo Penal argumenta que el FROB «no ha sido directamente afectada ni perjudicada por la resolución que combate».

En la misma línea, el tribunal argumenta que el juez Andreu, el instructor del caso que investiga la fusión y salida a Bolsa de Bankia, debió inadmitir el recurso del FROB «de plano». El fondo de rescate está personado en la causa como acusación.

La Audiencia, eso sí, admitió de forma parcial los recurso de las demás partes que solicitaron que se anulara o al menos rebajara la fianza impuesta a la entidad y su antigua cúpula a 34 millones. El objetivo de esta medida es garantizar las posibles indemnizaciones que tenga que afrontar la entidad si es condenada en este proceso.

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