Los exdirectivos de CAM alegan que el Banco de España conocía las dietas

Los exdirectivos de Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Roberto López Abad y Juan Ramón Avilés defendieron ayer en el juicio oral que las supuestas dietas irregulares que cobraron algunos dirigentes de la caja eran legales y conocidas por el Banco de España, la CNMV, la auditora KPMG, el consejo de la entidad y el Instituto Valenciano de Finanzas, sin que ningún organismo objetara. La entidad fue rescatada con más de 5.000 millones de dinero público en 2011 y vendida posteriormente a Banco Sabadell por la cantidad simbólica de un euro.

«Para el mundo mundial que se quisiera enterar estas retribuciones eran públicas y notorias», defendió el ex director general de CAM, López Abad, quien señaló al expresidente de la entidad, el fallecido Vicente Sala, como el ideólogo de que se creara la Comisión de Seguimiento y Control de la sociedad participada TI, con la intención de trasladar el modelo de gobernanza de la caja a las sociedades participadas.

Dicha comisión fue, según el fiscal, «un burdo instrumento» ideado por López Abad para que los exdirectivos cobraran 1,5 millones de euros en retribuciones «sin realizar ningún trabajo adicional» y esquivando los límites legales. Anticorrupción solicita, por ello, cuatro años de prisión para el exdirigente, quien también expresó que otras cajas de ahorro pagaban dietas mucho más altas.

López Abad también explicó que las cantidades que cobraban los consejeros de CAM estaban «infinitamente alejadas» de los topes legales y de las dietas que se pagaban en otras cajas de ahorro. Reconoció que, en su opinión, el sistema de dietas es «obsoleto, antiguo y trasnochado», pues lo que se paga es la «implicación» de los directivos.

El otro acusado tuvo un interrogatorio más tenso e interrumpido. Avilés, al que la presidenta del tribunal pidió que cuidara sus formas en varias ocasiones, recibió 308.700 euros entre 2007 y 2011 como presidente de la comisión de control de la participada, mientras que «solo» recibió 24.000 euros por el mismo cargo en la caja. El abogado de la Fundación CAM y el Fondo de Garantía de Depósitos le cuestionó qué carga de trabajo podía explicar tal diferencia de emolumentos, si las actas de las reuniones de la comisión de control de la participada solo llenaban 32 páginas.

Avilés, para quien el fiscal solicita dos años y medio de prisión, defendió que el Consejo de Administración avaló dichas dietas y explicó que tenía «muchísimo trabajo» —con reuniones larguísimas, que podían durar «hasta dos horas»—, aunque no supo concretar con exactitud en que consistía tal carga de trabajo. Afirmó en una ocasión que comparar la actividad de ambos órganos es «como comparar churras con merinas». También defendió la legalidad de los 18,6 millones de euros que recibieron empresas asociadas a su familia de la entidad, la otra irregularidad sobre la que se trata de arrojar luz en esta causa.