Los tribunales rechazan la mitad de los ERE tras la reforma laboral

En las últimas semanas se ha conocido que los tribunales han rechazado despidos colectivos o Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) que afectaban a un importante número de trabajadores de distintas empresas e, incluso, de un sindicato. Entre ellos están los casos de Coca-Cola (821 empleados), Transportes Buytrago (892), Atento (672), ayuntamiento de Estepona (176), UGT de Andalucía (159), empresa de limpiezas del hospital de Ciudad Real (150) y Freiremar (322).

Los motivos por los que los distintos tribunales han echado para atrás estos y otros ERE, aproximadamente el 50% del total de los presentados tras la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Rajoy en febrero de 2012, son dispares, aunque abundan los que responden a cuestiones puramente procedimentales y en los que ni siquiera se ha llegado a entrar en el fondo del expediente.

Revolución procesal

De hecho, la opinión generalizada de los despachos laboralistas más importantes es que los tribunales se están extralimitando en su papel, entrando en cuestiones de procedimiento que ocasionan una mayor complejidad en la documentación necesaria para presentar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE).

Dicha reforma ha provocado una auténtica revolución procesal en nuestro país que está teniendo una enorme trascendencia en el mercado laboral y en la sociedad.

El director del departamento de Relaciones Laborales de CEOE, Jordi García, afirma que hay determinadas decisiones de los jueces con interpretaciones exiguas «para buscar soluciones que van más allá del Derecho. Es un problema. Si la justicia no es ciega, no funciona».

«Reglas bien marcadas»

Jordi García recuerda que «es habitual la disparidad de opiniones en los tribunales. Lo preocupante es cuando al análisis jurídico se le añaden cuestiones ideológicas. No les toca a los jueces, para eso ya están los sindicatos». E insiste en que «inseguridad siempre hay. Lo que es deseable es que las reglas estén bien marcadas. Si las normas estuvieran bien técnicamente, no habría interpretaciones».

El director del Instituto Internacional Cuatrecasas, Salvador del Rey, coincidía en un reciente encuentro con la prensa en que «existe una enorme disparidad de criterios no solo entre los distintos tribunales, sino en el seno de ellos mismos». Por ello, pedía que «se unifiquen criterios en asuntos esenciales».

Entre los asuntos que más confusión está creando por su distinto tratamiento en los tribunales están los conceptos de grupo de empresa, la ultraactividad (prórroga de un convenio cuando termina su vigencia) y la selección de los trabajadores afectados por los ERE.

Jordi Puigbó, socio de Laboral de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, explica a este periódico que «a lo largo de 2015 deberíamos tener ya una jurisprudencia importante del Tribunal Supremo sobre los requisitos formales para la tramitación de los ERE». Insiste en que la mayoría de las anulaciones son «por defectos formales, no se llega a entrar en el fondo del expediente». Esto ocasiona que «no se resuelve el despido, es un coste para la empresa y un sufrimiento para el trabajador».

«Distintas varas de medir»

Puigbó subraya que aunque los ERE «están muy trabajados técnica y jurídicamente, hay inseguridad jurídica por la dispersión de criterios. Las varas de medir no son siempre las mismas en los tribunales. Por eso esperamos que el Supremo empiece a clarificar criterios.

El socio director de Contencioso del despacho Abdón Pedrajas & Molero, Carlos Molero, dice categóricamente que «nunca se acaba de cerrar el catálogo de los motivos por los que un tribunal puede declarar nulo un ERE». Afirma que «sigue habiendo sentencias muy severas, lo que pone de manifiesto que los tribunales tienen un nivel de exigencia muy alto». No obstante, reconoce que los tribunales, pasado ya un tiempo, «empiezan a entrar en razones en algunos temas». Molero es de los que calculan que aproximadamente el 50% de los ERE presentados son declarados nulos. «Y eso que al principio ese porcentaje era aproximadamente del 80% porque muchos empresarios pensaban que la reforma laboral suponía una barra libre para el despido y planteaban muy mal los expedientes de regulación de empleo».

La reforma, «un desastre»

Para el secretario de Acción Sindical de UGT, Ramón Górriz, el origen del problema es la reforma laboral aprobada en febrero de 2012. «Es un desastre en casi todos los aspectos», subraya.

Górriz niega que las anulaciones de ERE por parte de los tribunales favorezca a los trabajadores porque «hacen las sentencias según la legislación vigente». Y vuelve a cargar contra la reforma laboral. «Con ella, se está construyendo una nueva juridisprudencia».

Insiste en que las sentencias de los tribunales en los casos de los ERE rechazados se ajustan a Derecho. «Como por ejemplo, el de Transportes Buytrago, donde la empresa ocultó de manera fraudulenta la sociedad donde estaba su patrimonio y además dijeron que no podían pagar las indemnizaciones».

Sobre el también reciente caso de Coca-Cola, Górriz critica la actitud de esta multinacional y recuerda que el auto de la Audiencia Nacional exige a la misma que opte entre recibir la prestación de servicios de los trabajadores durante la tramitación del recurso, en sus respectivos centros de tarbajo y con las ocupaciones previas al despido, o hacer el abono de los salarios sin exigir la prestación de servicios. «Sin embargo, tratan de burlar la legislación y nos van a encontrar». Además, se pregunta: ¿»Dónde quedan las bellas declaraciones sobre la responsabilidad social de las empresas?».

El pasado viernes, Coca-Cola Iberian Partners envió una comunicación a los 351 trabajadores afectados por el ERE a los que el auto de ejecución de la sentencia de la Audiencia Nacional obliga a la readmisión, indicándoles que disponen de un mes para reincorporarse a su puesto en alguno de los centros operativos. En concreto, la empresa deja dejado claro que la reincorporación de estos trabajadores se hará en los centros que «actualmente Coca-Cola Iberian Partners tiene operativos en España ya que, según fuentes jurídicas de la empresa, la resolución de la Audiencia Nacional no contemplaba la reapertura de las plantas afectadas, incluyendo el centro de Fuenlabrada».

La Audiencia Nacional ordenó hace unas semanas al embotellador único de Coca-Cola en España cumplir la ejecución provisional de la sentencia que declaró nulo el pasado mes de junio el ERE, que afectó a 1.190 trabajadores y conllevó el cierre de cuatro plantas en Alicante, Palma de Mallorca, Fuenlabrada y Asturias.