Juicio a la corrección política: hablan los expertos

Mario Vargas Llosa: «En cierta forma es una nueva inquisición»

Lo políticamente correcto es opinar no como realmente piensas sino arrastrado por la frivolidad, la cobardía o el oportunismo, acomodando tus pareceres a esa corrección política que se pretende implantar. Es una falta de sinceridad, de autenticidad, que si se multiplica convierte toda la vida, principalmente política, pero también social, cultural, en una caricatura, en algo impostado, en una falsedad sistemática en la que no se expresan convicciones genuinas. Únicamente posturas, poses.

Lo políticamente correcto tiene que ver sobre todo con la izquierda, más que con el centro o la derecha, que ha establecido unos parámetros de los que no puede salir una persona que no quiera acarrear impopularidad, desprestigio, por no estar en el sitio que se considera adecuado desde el punto de vista ideológico, moral, sexual, etc. Lo políticamente correcto va contagiando cada vez mayores sectores. La cultura se llena de lugares comunes, resulta muy poco creativa, muy poco original, y muy poco representativa de lo que es la experiencia vivida.

Es una manera de imponer una censura discreta, disimulada, que no dice su nombre y que no te castiga físicamente sino con el descrédito en aras de una supuesta corrección. En cierta forma es una nueva inquisición.

Y nos lleva también a algo muy negativo, como es la autocensura. Si tú opinas no por convicción, sino por miedo, te transformas en tu propio censor. Tienes temor de decir cosas que sean incorrectas, y entonces eludes pronunciarte y pensar por tu propia cuenta. En especial quienes no poseen ideas, creencias, muy firmes y arraigadas, son los que más caen en ello.

Por fortuna, hay gente independiente que manifiesta lo que cree, sin sentirse obligada a formular, o a defender lo que se espera.

Mario Vargas Llosa es escritor y Premio Nobel de Literatur a.

Félix Ovejero: «Facturar nuevas palabras no mejora el mundo»

Este verano a quienes llegaban en pateras pasaron a llamarlos «migrantes» en lugar de «emigrantes». No es seguro que se enteraran y es seguro que, con el cambio de denominación, su vida sigue siendo igual de miserable. Las palabras no tienen poderes taumatúrgicos, salvo cuando se escriben en el B.O.E.

Hay pocas cosas más democráticas que el lenguaje. La escritura se puede cambiar con una orden de un día para otro. Es una convención de segundo orden. Representa las palabras no las cosas, salvo en casos excepcionales. En julio de 1928 Atatürk sustituyó al antiguo alfabeto otomano por una versión ampliada del alfabeto latino. Con las palabras es más complicado. Las personas hablamos, incluso las analfabetas. El significado nos lo encontramos, no lo «decidimos». Como la vida. Nos encontramos con las palabras y al usarlas contribuimos a reforzarlas. Uno puede decidir usar las palabras como quiera, lo que no puede es pretender que los demás lo entiendan. Salirse del uso común es quedarse fuera de juego. Es como conducir, a todos nos sale a cuenta mantenernos en nuestra derecha mientras los demás se mantienen en ella.

El mundo está lleno de injusticias, de racismo, de sexismo, de menosprecio. Los débiles carecen de poder y se llevan la peor parte. Los gitanos han sido estigmatizados y por eso la palabra «gitano» estigmatiza. Ese es el orden causal, no el inverso. Si a los gitanos pasamos a llamarlos «zíngaros» su situación no mejorará y, al poco tiempo, «zíngaro» cumplirá las mismas funciones que «gitano». Las palabras son un eco de las maldades del mundo o un reflejo. Como una fotografía. Por supuesto, yo puedo retocar mis fotografías, pero no por eso mejorará mi aspecto.

La izquierda reaccionaria está entregada a la mampostería palabrera. Es una señal más de su elitismo insano, el clasista. Cada día factura una nueva palabra que ni mejora el mundo ni sirve para entenderlo mejor. Claro que peor es cuando le da por prohibir las palabras. O las ideas.

Félix Ovejero es profesor de Ética y Economía de la Universidad de Barcelona.

Stanley Payne: «Es talibán con la Historia»

Toda sociedad civilizada tiene normas y valores políticos, que casi siempre expresan y refuerzan la evolución de su cultura y civilización. Lo novedoso fue la formación de nuevos valores y preceptos culturales y políticos en Occidente en la última parte del siglo XX, como la negación de toda su tradición, plasmándose con relativa rapidez como un cuerpo heterogéneo (y también cambiante) que empezó a funcionar como una especie de religión en una época de secularización rápida. Tal tendencia emergió primero en Occidente durante la segunda mitad del XVIII, pero la nueva corrección política del fin del siglo XX fue distinta y única, porque ha sido la primera ideología radical formada dentro de las sociedades democráticas.

Sus antecedentes habían ratificado por lo menos algunos aspectos de la cultura tradicional. La corrección política es una doctrina radical creada sobre todo en las sociedades liberales democráticas mismas, que busca erosionar. Representa una etapa posterior a las otras ideologías revolucionarias, y en algunos aspectos es aún más extrema. Se expresa en cuestiones políticas, sociales, culturales y sexuales, y en el lenguaje del discurso público.

Es absolutamente «talibanista» con la historia y sus valores, y de orígenes eclécticos, en parte surgidos de la «Nueva izquierda» marxista y posmarxista de los años sesenta de la pasada centuria, y en parte de la radicalización y transformación de algunas de las ideas y tendencias ya existentes en las sociedades occidentales democráticas. Nunca ha constituido un cuerpo doctrinal unido, sino que evoluciona para dar énfasis nuevos a obsesiones diferentes. Es la única ideología radical moderna que no tiene una definición canónica, y ni siquiera un nombre común, sino que se llama «political correctness», «buenismo»..., según los idiomas o las circunstancias. En Occidente, domina el discurso público, los medios culturales y el mundo universitario.

Stanley Payne es historiador e hispanista.

Ana Santos Aramburo: «La demanda social marca la evolución»

Aunque es un tema controvertido conviene no magnificarlo, puesto que hacerlo puede generar un debate dañino si no se tienen en cuenta algunos aspectos de fondo.

No hay ninguna cuestión políticamente correcta o incorrecta que no deba basarse en el convencimiento y las ideas propias. El caso contrario, produce la pérdida de la imprescindible credibilidad que deben tener, fundamentalmente, las personas que nos representan, pero también aquellos a quienes debemos acudir en la búsqueda de referentes. La evolución de una sociedad, en un sentido o en otro, no va a depender de la postura pública que mantengan algunas personas, sino de la demanda social generada por la evolución natural de lo que ya es tan evidente que se ha convertido en algo imparable. A lo que hay que atender no es a la forma en la que se manifiestan algunas personas, sino al clamor de colectivos que demandan, bien a través del uso del lenguaje o de otro tipo de actitudes, expresar lo que una sociedad está sintiendo en su momento histórico.

Este es el tema de debate, especialmente en un momento en el que surgen nuevas voces a través de las redes sociales que llegan a muchas personas que, a su vez, reciben mucha información, en ocasiones fragmentada o distorsionada y que, sin la formación suficiente, pueden adoptar posturas que no son propias y que incluso pueden ser una amenaza para su propia libertad y dignidad.

Por eso, la cuestión fundamental no es que alguien, con poder o influencia, decida lo que es políticamente correcto o no lo es, sino que las sociedades avanzadas y democráticas sean capaces de educar a ciudadanos libres con capacidad de un pensamiento crítico propio basado en su capacidad de razonamiento y en el fomento de los valores que nos hacen mejores. Esto siempre, se exprese como se exprese, será lo políticamente correcto.

Ana Santos Aramburo es directora de la Biblioteca Nacional de España.

Inés Fernández-Ordóñez: «No debe resultar una obligación»

Una periodista sevillana me contó que había sido «reprendida» por su jefe de Redacción por haber escrito indigentes en lugar de personas sin recursos. Cabe preguntarse si semejante cambio denominativo contribuye a mejorar la vida de esas personas o no. Es probable que así sea de manera simbólica, pero para cualquiera está claro que no es lo fundamental para solucionar el problema de la pobreza. Entonces, ¿por qué están esas expresiones tan presentes en la vida pública? No hay que descartar que este tipo de cambios respondan a una estrategia política para cumplir con una noble finalidad social sin tener que abordar sus raíces. Como una especie de compensación lingüística, precisamente porque el asunto suele ser difícilmente resoluble. De ahí que formen parte del discurso político que, con la aparente voluntad de concienciarnos, acaban por distraernos de su fondo.

No por ello el lenguaje «políticamente correcto» es íntrínsecamente condenable. En la medida en que contribuye, quizá, a que los afectados por cualquier problema se vean mejor representados, protegidos o valorados, bienvenido sea. En cuanto se emplee para hacernos olvidar o confundir lo importante, es peligroso. Y aún más cuando, en lugar de ser una opción posible, se convierte en una «obligación» del buen ciudadano, reprendido, como la periodista sevillana, como si hubiera descuidado sus deberes sociales. Hay que recordar que el triunfo de cualquier cambio lingüístico es siempre fruto de la adhesión libre de los hablantes, y no de decisiones de tipo institucional.

Los hablantes pueden decidir libremente optar por sustituciones denominativas al amparo de lo políticamente correcto -forma parte de su libertad de expresión-, pero no puede deducirse de ello que quienes no las adoptan son «malos» ciudadanos que carecen de sensibilidad. No invirtamos la carga de la prueba ni confundamos el envoltorio del problema con el problema mismo.

Inés Fernández-Ordóñez es filóloga y académica de la Real Academia Española.

Manuel Borja-Villel: «La intolerancia provoca autocensura»

El multiculturalismo y lo políticamente correcto son nuestros nuevos academicismos. Su aparente apertura reduce las diferencias radicales a elementos formales, que, en realidad, ocultan las desigualdades de un mundo cada vez más injusto e intolerante. Por otro lado, los mecanismos de control de nuestra sociedad son considerables, aplicándose no solo a los contenidos, sino también a los mecanismos y procedimientos administrativos a través de los cuales desarrollamos nuestras actividades.

La globalización general de nuestras vidas y de la cultura contemporánea ha implicado la circulación sin límites de productos y mercancías. Pero, sin embargo, en los últimos años nuestra sociedad ha ofrecido preocupantes muestras de autoritarismo e intolerancia hacia todo lo que es distinto.

Los ejemplos abundan: desde el escrache que se le hizo a la filósofa Judith Butler, una de las máximas exponentes de las teorías de género, que fue agredida verbalmente en Río de Janeiro, a la condena del rapero mallorquín Valtònyc, pasando por la demanda absurda de que se descuelgue un cuadro de Balthus del Metropolitan Museum de Nueva York.

Esta situación ha provocado a menudo la autocensura de aquellos que no quieren poner en riesgo ni sus trabajos ni la estabilidad de sus instituciones.

Fiscalización y judicialización son dos de las palabras clave de nuestra época, caracterizada asimismo por la fragilidad de la existencia y el miedo. Sin duda, estas van de la mano de lo políticamente correcto, que es aquello que no escapa a la norma, sino que la afirma.

Manuel Borja-Villel es director del Museo Reina Sofía (MNCARS).

Javier Gomá Lanzón: «Incurre en excesos contraproducentes»

Tras una larga dictadura militar, que negaba la libertad de expresión, la Constitución de 1978 la reconoció como derecho fundamental y durante la democracia, basculando de un extremo prohibitivo a otro licencioso, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional la elevó a principio estructural del ordenamiento jurídico, lo que quiere decir que, si entraba en conflicto con otro derecho fundamental -al honor, a la propia imagen-, prevalecía aquel. En España hemos sido durante cuarenta años libérrimos de decir y escribir lo que nos venía en gana, sin reprimir nuestro apetito opinativo, que no es pequeño, dando lugar entretanto a los esperables excesos.

Muchos sienten ahora la necesidad de ponerle límites. Los jurídicos se perciben desproporcionados, se prefieren los morales: la autocoacción, o el reproche social a un uso torpe y ofensivo del derecho. Aquí entra lo políticamente correcto, que designa no tanto lo verdadero (ortodoxia) como lo que es debido (ortopraxis), lo que se espera de un ciudadano ilustrado al emitir un juicio, porque conoce las justas causas que están en juego y no sería atinado comprometerlas con afirmaciones que las perjudiquen.

Así entendido, nada que oponer a lo políticamente correcto; al contrario, abogo por ello, como un imperativo de elegancia para una ciudadanía que ya es libre y debe ahora aprender a elegir en el uso de su libertad. Con todo, ya sabemos que no hay ideal que no esté expuesto a corrupción y también la corrección política incurre en excesos contraproducentes. Ocurre cuando muta en dictadura de las ideas admisibles, vigilante, furiosamente intransigente, que aterroriza a los discrepantes con la amenaza de linchamiento, ahoga la conversación y, en un último giro, hasta prescinde de la verdad como de un capricho superfluo. Entonces, la falsedad de fondo del nuevo moralismo alienta una reacción bárbara, muchas veces energuménica, contra la ortopraxis y las justas causas que defiende: lo vemos en EE.UU., Brasil o Italia.

Javier Gomá Lanzón es filósofo, ensayista y director de la Fundación Juan March.