Otra sentencia del TC que Cataluña no da muestras de querer cumplir

Tras más de una década de entrada en vigor de la Ley de Restitución a la Generalitat de Cataluña de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil custodiados en el Archivo de la Guerra Civil de Salamanca –convertido hoy en Centro Documental de la Memoria Histórica– y de tres años de que el Tribunal Constitucional (TC) sentenciara que los legajos no entregados a sus legítimos propietarios tenían que retornar a Salamanca, el Gobierno catalán persiste en su actitud de mirar para otro lado. No hace ni un mes que el secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, ha vuelto a escribir al conseller de Cultura pidiendo información sobre las devoluciones a sus propietarios y exhortando a la restitución de cuantos documentos estén indebidamente en su poder.

A la luz de la deriva secesionista en Cataluña parece evidente que la desmembración del Archivo era algo más que una aspiración patrimonial, puesto que acabó siendo parte de un proceso íntimamente relacionado con la unidad de España. Según dijo la consejera de Cultura y Turismo de Castilla y León, María Josefa García Cirac durante la entrega de los premios Salvar el Archivo de Salamanca, «su preservación, la defensa de su unidad, la defensa en definitiva de la unidad de España, tan amenazada estos días, supone la implicación de la sociedad civil y de las instituciones en algo de todos los españoles. Desde la Junta se ha respetado la legislación vigente, se ha buscado la unidad del patrimonio y se ha respondido al sentir de la mayoría».

Tampoco han servido los tres autos judiciales dictados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tras la demanda presentada por la citada Asociación Salvar el Archivo, ni que once partidos políticos hayan firmado un manifesto reivindicando a la Generalitat que devuelva los documentos que mantiene indebidamente en su poder, ni una declaración institucional de las Cortes de Castilla y León en este mismo sentido, ni las iniciativas respaldadas por varios municipios españoles, ni dos mociones en el Senado, ni una campaña con más de 68.000 firmas, ni concentraciones, ni…

Lo único constatable a día de hoy es que entre el 19 de enero de 2006 y el 4 de diciembre de 2014 la Generalitat de Cataluña ha recibido 2.292 cajas con documentos aunque el Gobierno reduce la cantidad a 1.673. La diferencia se debe a que varios centenares de cajas no fueron entregadas completas y sus documentos se reubicaron en otras hasta completarlas. Teniendo en cuenta esos números y traducido a documentos estaríamos hablando de entre 1,1 y 1,3 millones de documentos, de los que más de 400.000 nunca debieron salir de Salamanca, a lo que hay que añadir más de 1.060 libros, diez carteles, dos láminas, tres mapas y planos, diez panfletos y ocho tarjetas postales. Por si todo ello fuera poco, no se han dejado copias, no se han compulsado y no existe relación detallada de los documentos que han sido entregados a la Generalitat, según fuentes consultadas.

El Gobierno del Partido Popular tuvo en sus manos derogar la ley con la mayoría que le dieron las urnas en 2011 –se habría evitado el envío de diciembre de 2014–. Según la Asociación Salvar el Archivo, se ha limitado a enviar a la Generalitat cinco cartas para que remita la documentación que tiene en su poder indebidamente, que ni siquiera han sido contestadas.

La devolución de los llamados «papeles de Salamanca» fue una reivindicación del nacionalismo catalán desde 1977, si bien la primera vez que se reclamaron fue en 1980, cuando el diputado de Alianza Popular Antonio de Senillosa presentó una proposición no de ley en el Congreso, firmada por Manuel Fraga. Tres años después, el Ministerio de Cultura y la Generalitat llegaron a un acuerdo para microfilmar los documentos, 507 legajos en total, a fin de que el Archivo Nacional de Cataluña tuviera una copia de todo el material depositado en Salamanca.

Creación del archivo

En marzo de 1995, el Gobierno socialista de Felipe González acordó a propuesta de la ministra de Cultura, Carmen Alborch, devolver a Cataluña los archivos de la Generalitat confiscados por las tropas franquistas. Más de un año después, ya con el PP en el poder bajo la presidencia de José María Aznar, una comisión de expertos recomendó crear un Archivo de la Guerra Civil en Salamanca y devolver la documentación de la Generalitat republicana a Cataluña en forma de depósito y sin que el Estado perdiera la titularidad.

En 1999, el Ejecutivo de Aznar creó el archivo en cuestión y al año siguiente Gobierno y Generalitat constituyeron una comisión técnica para analizar el futuro de los «papeles de Salamanca», que finalizó sus trabajos en 2002 sin acuerdo y con dos dictámenes separados, uno de historiadores nombrados por el Patronato de la Junta de Archivos que abogaba por mantener los documentos en Salamanca; y otro de historiadores nombrados por la Generalitat que proponían depositar en Cataluña los documentos anteriores a 1936 relacionados con esta comunidad. El Patronato del Archivo General de la Guerra Civil, presidido por la ministra de Cultura, Pilar del Castillo, rechazó el traslado de documentos a Cataluña «para preservar la unidad de archivo», ante lo cual la Generalitat anunció quer recurriría.

El primer envío –en total se han realizado ocho– tuvo lugar bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tras su victoria. Sin mayoría en las elecciones de marzo de 2004, necesitó los votos de Esquerra Republicana de Catalunya y uno de los acuerdos fue, precisamente, la salida de los documentos de Salamanca. Y lo mismo en 2010 cuando Zapatero requirió la abstención de CiU para sacar adelante medidas económicas por la crisis.

Una comisión de expertos presidida por Federico Mayor Zaragoza elaboró un dictamen con 14 votos favorables de 17 miembros y tres abstenciones parciales, en el que recomendaba devolver los documentos a Cataluña. En abril de 2005, el Gobierno aprobó con el voto en contra del PP el proyecto de Ley de Restitución a la Generalitat de Cataluña de los documentos –en junio 80.000 personas, se manifestaron en la Plaza Mayor contra esta norma–, que entró en vigor en noviembre de ese mismo año

También se creó el Centro Documental de Memoria Histórica (CDMH), del que formaría parte el Archivo de la Guerra Civil. Problemas surgidos con el emplazamiento retrasaron el proyecto. Casi cuatro años después el secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, inauguró un centro que hoy apenas tiene actividad, tras haberse invertido cerca de diez millones de euros.

Al habla ayer con la Generalitat, que acaba de cambiar de conseller de Cultura, este diario no pudo recabar posición oficial sobre el cumplimiento de la sentencia, informa D. Morán. En el Congreso, la presidenta de la Comisión de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, de Ciudadanos, afirmó a ABC que «hay que cumplir las sentencias, esta igual que la de Sijena» y lamentó que se centre el debate en los papeles de Salamanca en lugar de desatascar el CDMH, que «podría reunir fondos que aún están repartidos por medio mundo y pueden ayudar mucho a los investigadores».