El alcalde de Chiclana, condenado a pagar las costas de su denuncia contra el PSOE

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial ha desestimado el recurso de apelación planteado por el alcalde de Chiclana, Ernesto Marín (PP), contra el archivo de su denuncia contra cinco concejales del PSOE por injurias y calumnias. El auto, además de cerrar la posibilidad de una condena a la oposición, va a tener un coste económico para el regidor, que debe pagar las costas.

Marín inició este pleito junto a dos ediles más de su partido, María Luisa Guerra y Nicolás Aragón. Los tres fueron señalados por un empresario, Joaquín Garat, quien aseguró en 2012 que había pagado dinero al PP de Chiclana a cambio de favores.

El regidor ha sido el único que recurrió la decisión del juzgado mixto nº 1 de Chiclana

, que había dado carpetazo en primera instancia a su denuncia. Ahora es la Audiencia Provincial la que desestima la apelación planteada por su defensa, condenándolo al pago de las costas judiciales.

La representación letrada del alcalde sostuvo que el PSOE había incurrido en injurias y calumnias en el escrito que elevaron a la Fiscalía con las acusaciones del empresario y difundiéndolas a través de los medios de comunicación. El recurso de Ernesto Marín iba acompañado de recortes de prensa con las noticias publicadas entre 2012 y 2013.

El tribunal de la Audiencia concluye que no se puede calificar de injuriosa la actuación de los socialistas porque no imputaron un hecho delictivo, sino que transmitieron a la Fiscalía unas informaciones con el fin de esclarecerlas y en sus comparecencias públicas no se expresaron en "términos afirmativos o de certeza sino hipotéticos".

Origen y final del 'caso Garat'

El testimonio del empresario Joaquín Garat, que apuntaba a una posible financiación ilegal del PP en Chiclana, fue la base de la denuncia que elevó el PSOE an la Fiscalía de Cádiz en 2012. Una acción judicial que fue aireada en los medios de comunicación como suelen hacer los partidos para tratar de erosionar al rival.

Las diligencias iniciadas por el Ministerio Público acabaron archivadas. Sin embargo, el ‘caso Garat’ resucitaba en marzo del año siguiente, cuando el conocido empresario local, vinculado al sector turístico e inmobiliario, ofrecía una rueda de prensa en la que pedía perdón por haber entregado cuatro pagarés al PP para la campaña de las elecciones de 2007.

Garat dijo que el PP cobró 23.000 euros y que el resto del dinero comprometido no pudo abonarlo por falta de tesorería. Justificó estas entregas para reflotar la mala situación de sus empresas y afirmó que el alcalde se puso en contacto con él para pedirle respaldo financiero.

Ante esa comparencia, la Fiscalía solicitó a los juzgados que reabriera el caso y que tomara declaración en calidad de imputado al empresario, para así estudiar su testimonio y las pruebas que aseguraba tener en su poder.

Cuando había sido citado en 2012, la falta de concreción de su relato fue clave para que el asunto ni prosperara. Sin embargo, tampoco fue suficiente para que la Justicia lo reabriera un año después. No se hallaron pruebas de la contraprestación que debía haber recibido a cambio de sus donaciones.

En paralelo a este asunto judicial, el PP contraatacaba llevando a los tribunales a cinco concejales socialistas que habían realizado intervenciones públicas hablando del ‘caso Garat’: Joaquín Páez, Cándida Verdier, José María Román, Manuela Moreno e Isabel Fuentes. Dos años después, ninguna de las acciones judiciales que se emprendieron a raíz del ‘caso Garat’ ha prosperado.