Los catalanes piden apartar a los políticos sospechosos de corrupción

El 90,3 % de los catalanes es partidario de que los cargos públicos sean apartados de sus funciones ante los primeros indicios de corrupción, sin esperar a que se dicte sentencia. Así se desprende del barómetro sobre la percepción de la corrupción en Cataluña que cada dos años confecciona la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) y que ayer fue presentado por su director, Daniel de Alfonso.

El informe, según De Alfonso, revela que los ciudadanos exigen «mayor contundencia» contra los políticos corruptos, de forma que el 90,3 % prefiere que se aparten de sus funciones a los cargos públicos sospechosos mientras se espera sentencia sobre su caso, un 60,1 % defiende que se les mantenga y un 2 % dejaría esa decisión en manos del afectado, informa EFE.

El barómetro, realizado sobre una muestra de 800 encuestados, refleja que la percepción de la corrupción entre los catalanes ha empeorado desde el primer informe, realizado en 2010: ese año, un 79 % de los entrevistados opinaba que ese es un problema muy o bastante grave, porcentaje que ahora ha subido hasta el 88,9 %.

Maniobras

De Alfonso, sin embargo, discrepa de la opinión mayoritaria en la sociedad catalana y defiende que los cargos públicos investigados por corrupción no dimitan hasta que no se les envíe a juicio, para evitar que los políticos puedan ser víctimas de denuncias falsas por parte de sus adversarios para convertirlos en «un muerto civil».

Para el director de la OAC, provocar la imputación de una persona es «muy fácil», ya que basta con presentar una denuncia y que sea admitida a trámite, y a menudo puede ser «una maniobra política del adversario, sobre todo en época preelectoral».

Tras lamentar que la percepción de corrupción generalizada esté tan extendida en la sociedad, De Alfonso apostó por «una reforma de las dinámicas de los partidos políticos. Son deberes pendientes tanto en el Estado español como en Cataluña», añadió. En su opinión, la encuesta dibuja un «panorama muy preocupante», teniendo en cuenta que el 55 % de los catalanes cree que los partidos políticos en Cataluña se financian ilegalmente, un 88,6 % piensa que el hecho de que reciban fondos privados puede influir en sus decisiones y el 53,5 % considera que los políticos son poco o nada honestos. La encuesta incluye otras cifras que ilustran esa percepción sobre: el 82,9 % de los encuestados cree que el vínculo entre política y negocios es demasiado estrecho y el 90,1 %, que los políticos no dan suficientes explicaciones sobre su gestión.

La desconfianza hacia los políticos es extendida, a juzgar por el informe de la OAC, dado que un 31,5 % considera que los políticos se presentan a las elecciones por «el poder y la influencia que se obtiene a través del cargo». Por ese motivo, un 92,8 % de los encuestados cree que el patrimonio y la actividad económica de los cargos públicos debería estar controlada por un organismo independiente y un 78,8 % es partidario de que también se fiscalice económicamente a las familias de los políticos.

De Alfonso censuró la «hipocresía social» y animó a los ciudadanos que conozcan casos de corrupción a presentar denuncia porque, a su parecer, de lo contrario «uno no puede quejarse». El informe pone de relieve que los ciudadanos asumen un cierto grado de corrupción: el 15,1 % acepta que un alto cargo reciba como regalo una caja de vino de una empresa.