El juez atribuye a Rato y Blesa los desmanes hechos con las tarjetas B de Caja Madrid

Miguel Blesa y Rodrigo Rato, de nuevo, de la mano ante los tribunales. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, instructor del 'caso Bankia', ha citado como imputados para el próximo día 16 a los dos expresidentes de Caja Madrid -y, en el segundo caso, también de su sucesora, la citada Bankia- a fin de que respondan en vía penal por los 15,5 millones de euros dilapidados con las tarjetas B ('Black') de la entidad entre 2003 y 2012.

También ha sido convocado ese día y en la misma condición el que fuera 'número dos' de la caja en tiempos de Blesa. Se trata de Ildefonso Sánchez Barcoj, ex director general y señalado en privado por varios ex altos cargos como el que coordinaba esas tarjetas opacas -con las que él gastó 484.200 euros- y que despachaba luego con los presidentes.

El magistrado está a la espera de que el Banco de España analice por qué no saltaron las alarmas en este caso, tanto por la aparente opacidad de las tarjetas -que, según la auditoría interna de Bankia, estaban «fuera del circuito ordinario»- como por su uso indebido -según el banco, se adquirieron desde joyas de lujo a viajes de ocio, décimos de lotería, ropa, calzado, compras en supermercados e incluso retiradas de efectivo-. No obstante, ha decidido adelantar su investigación abriendo una pieza separada del 'caso Bankia' y tomando ya las primeras declaraciones.

De esta forma, además, desactiva la iniciativa de alguna asociación, como Manos Limpias, que pretendía que este caso fuera instruido en los juzgados ordinarios de Madrid. Este colectivo argumenta que, de lo contrario, se podría atascar la causa principal donde se investigan las irregularidades que rodearon la salida a Bolsa del banco en 2011, y en el coinciden otras acusaciones ya personadas. Fuentes de la investigación sostienen, sin embargo, que dado que a priori existen conexiones entre ambos conviene que sean llevadas por el mismo juez, amén de que en la primera de ellas sólo resta culminar un informe pericial -eso sí, complejo- antes de concluir si se va a juicio.

En su dictamen sobre las tarjetas, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), accionista mayoritario de la matriz de Bankia, considera que «no debe diferenciarse» entre el período de Blesa -quien dejó la presidencia en 2009 y gastó 436.700 euros con su tarjeta- y el de Rato -44.200 euros- al depurar responsabilidades. Es más, apunta directamente a ambos por «haber presuntamente conocido y consentido las disposiciones (con las tarjetas) no amparadas en soporte contractual, estatutario o decisión alguna de los órganos de gobierno, con perjuicio en todo caso para la entidad».

«Siguiendo instrucciones»

Pero esta tesis ha sido negada en los últimos días por algunos de los 83 exconsejeros y exdirectivos que se beneficiaron de esas tarjetas B. Una de ellas es la expresidenta de la Fundación de Caja Madrid, Carmen Cafranga, quien dimitió apenas 24 horas de saltar este escándalo a finales de la semana pasada. En un comunicado publicado ayer, sostiene que «siempre» actuó «bajo las instrucciones de los directivos que venían ocupándose de esta materia de retribuciones e incentivos a consejeros desde la ya lejana fecha de 1988».

Con ello, abunda en la idea apuntada por otros favorecidos en esa práctica de que estaba «ya extendida» incluso en la época de Jaime Terceiro, a quien Miguel Blesa relevó en la presidencia en 1996, y de la que «nunca tuve la menor sospecha de irregularidad». Cafranga apunta incluso a la propia Administración (Ministerio de Hacienda) y a los organismos oficiales, tanto el supervisor financiero (Banco de España) como el regulador del mercado (CNMV), porque -según ella- «tenían plena información» de todo.

Añade, además, que esos «incentivos» fueron «aprobados por los órganos rectores» y «contrastados» por varios dictámenes jurídicos. Por eso tanto el juez como la Fiscalía, que por ahora ven «indicios» de que se han podido cometer sendos delitos societario y de administración desleal -el fraude fiscal, salvo en el caso de la entidad, sólo quedaría en infracciones administrativas por las cuantías individuales (inferiores a 120.000 euros anuales), mientras que la asociación ilícita resultaría muy difícil de probar-, contemplan convocar nuevas declaraciones.

Una de las más probables, seguramente también como imputado, es la de Enrique de la Torre, exsecretario del consejo. Según varios exmiembros de este órgano, fue él quien les dijo que tenían «libre disposición» de las tarjetas, que formaban parte de su retribución ordinaria y que únicamente no debían sobrepasar un límite anual (entre 25.000 y 50.000 euros según «el tipo de usuario»).