La jueza investiga el papel de la Intervención General en el fraude de los cursos de formación

El procedimiento abierto por la jueza del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla sobre el supuesto fraude en los cursos de formación cada vez se parece más al que siguió con la macrocausa de los ERE. Mercedes Alaya emplazó ayer a la Junta de Andalucía a remitirle en un plazo de diez días todas los informes que la Intervención General haya realizado desde 2002 «para el programa 32D o cualquier otro programa presupuestario relativos a los cursos de formación».

Alaya pone la lupa como en el caso de los ERE en el cuerpo de funcionarios encargado de fiscalizar todas las cuentas de la administración. Pretende saber qué control ejercieron sobre las subvenciones a los cursos de formación, sobre las que la magistrada ya ve indicios de delito y ha imputado a los exconsejeros Antonio Fernández y Ángel Ojeda, el primero como titular de la Consejería de Empleo, que gestionaba las subvenciones; y el segundo como receptor de ellas durante varios años. La Junta deberá hacer la entrega a la Unidad Operativa Central (UCO) de la Guardia Civil, cuerpo al que la jueza Alaya ha encargado la investigación, lo mismo que los ERE.

Alaya esgrime, en un auto del pasado día 16, que en el recurso de la imputación en este sumario del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, que la magistrada rechazó, «se ha destacado el papel de la Intervención General» tanto con carácter previo a los acuerdos del Consejo de Gobierno para autorizar las subvenciones a la formación, como «el que pudo tener las resoluciones de exoneración de la justificación de las subvenciones concedidas».

Por ello, considera «de especial interés» que la Guardia Civil «investigue las funciones que ha desarrollado la Intervención General» en las subvenciones otorgadas. Reclama los informes previos sobre las bases reguladoras y orden de convocatoria; los informes previos a los acuerdos de Gobierno autorizando en su caso las resoluciones de concesión directa (aquellas que superan los tres millones de euros); y los informes sobre el «control financiero periódico» de las mismas.

Advertencias

La magistrada había solicitado a la Junta la relación de todas las ayudas a empresas, entidades públicas y privadas para cursos de formación desde principios de la pasada década. Ahora busca encontrar, como en los ERE, si hubo informes de advertencia de supuestas irregularidades. Alaya insta a la UCO a recabar información de los interventores «sobre el diferente tratamiento en la concesión cuando se trataban subvenciones otorgadas por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y cuando eran concedidas por las delegaciones provinciales de Empleo». De manera peculiar, Alaya se interesa por si existió «algunas particularidades» en la Delegación de Empleo de Sevilla.

La UCO también deberá pedirles una explicación «ajustada a la legalidad» sobre las exoneraciones de las subvenciones y qué papel ejerció la Intervención en ellas. Alaya cifra en 950 millones de euros los que en otoño de 2013 se encontraban sin justificar, algo que achaca a las exoneraciones. Cita a declarar el próximo día 10 de octubre al responsable de la Formación Profesional de la Junta Teodoro Montes, quien hace un año declaró ante la Guardia Civil que los fondos se concedían de forma arbitraria y sin control.

El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, respondió ayer que los documentos se entregarán «en tiempo y forma». Eludió calificar la petición de la jueza y se limitó a reiterar: «La voluntad de este gobierno es colaborar en la resolución de los casos que están sometidos a investigación».