Andalucía suma dos recursos a su enfrentamiento con el Gobierno central

La Junta de Andalucía añade dos recursos más a la docena que tiene planteados contra medidas del Gobierno central, entre ellas la Ley de Costas, la Lomce, o la Ley de Tasas, correspondidos por una cifra similar de impugnaciones de Madrid a sus normas. Ayer, menos de una semana después de que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, acusara al presidente Rajoy de asfixiar a Andalucía, en el debate del estado de la comunidad, el Consejo de Gobierno aprobó llevar ante el Tribunal Constitucional la Ley del Sector Eléctrico y el real decreto de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, conocido como «decreto ómnibus».

El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, aseguró que «nos hemos visto obligados a tomar esta decisión ante la cerrazón del Gobierno y en defensa de los intereses de Andalucía», pero la delegada del Gobierno, Carmen Crespo, valoró que se trata de «un paso más en la estrategia de confrontación» y el portavoz del PP-A, Carlos Rojas, manifestó en esta línea que «l estrategia de confrontación de Díaz « sirve para «tapar su incompetencia» y habló de «espiral de histeria confrontadora».

El Gobierno andaluz recurre el «decreto ómnibus» por lo que se refiere al libre horario comercial, y en defensa de los pequeños comercios, dijo el portavoz del Ejecutivo, mientras que considera que la Ley del Sector Eléctrico vulnera las competencias autonómicas sobre energía en lo relativo al autoconsumo, poniendo «en riesgo» este elemento «clave» de la política de fomento de las energías renovables y «limitando las posibilidades» de un sector que en Andalucía cuenta con 1.400 empresas y casi 45.000 empleos.

La Junta considera que la norma estatal establecerá un «peaje» que gravará la electricidad autoconsumida; lastra el desarrollo de las energías renovables y contribuye a «agravar» el continuo encarecimiento del precio de la electricidad.

Según la Agencia Andaluza de la Energía, la nueva regulación va a suponer pérdidas por valor de 328 millones de euros anuales, por la reducción de ingresos del 11 % en las plantas de producción con energías renovables, cogeneración y residuos. Además, «pone en riesgo» la viabilidad de estas instalaciones, que dan empleo directo a 3.800 personas y ha suspendido 12 mil millones de inversión en 950 nuevos proyectos.

Fondos de convergencia

Por su parte, el diputado de Izquierda Unida José Luis Centella pidió ayer en el Congreso la comparecencia del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para que explique el reparto de los fondos de convergencia que, según ha denunciado Susana Díaz, aportan mil millones a Valencia y 700 a Cataluña, mientras Andalucía ha de devolver 400 de la liquidación de 2013.

Centella calificó de «vergüenza» que el Gobierno siga «en la oscuridad y la discrecionalidad» con un reparto de «claro clientelismo», dijo que Montoro quiere «hacer pagar a los andaluces la derrota del PP» y reclamó transparencia para conocer «euro a euro» los fondos y un sistema de financiación más justo.