Cinco años y medio de cárcel para Pedro Pacheco

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha elevado a cinco años y medio de cárcel la condena impuesta al exalcalde de Jerez e histórico dirigente andalucista Pedro Pacheco por el 'caso Asesores', en el que investiga la contratación de forma irregular a dos compañeros del Partido Socialista de Andalucía (PSA) en empresas municipales.

La Sala de lo Penal ha aumentado la condena de cuatro años de prisión que le impuso en un primer momento la Audiencia de Cádiz y le ha considerado culpable de delitos de prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos y falsificación de documentos oficiales.

Considera autores de estos ilícitos también a los exasesores andalucistas José López Benítez y Manuel Cobacho. En el caso del primero, la pena se eleva a dos años y diez meses y 15 días de prisión porque firmó dos contratos y en el de Manuel Valeriano Cobacho Márquez, la condena pasa de dos años y tres meses a dos años, siete meses y 15 días porque solo intervino en uno.

Cabe recordar que Pacheco, que fue alcalde de Jerez durante 24 años, fue apartado del Ayuntamiento en junio del año pasado cuando el PP aprobó su cese como concejal al aplicar la Ley Electoral que impide que un concejal condenado a inhabilitación continúe en el cargo, sin que sea obligatorio que la sentencia que le condenó sea firme.

La Sala de lo Penal hace suyo el relato de hechos de la sentencia de instancia que declaró probado que el Pleno del Ayuntamiento de Jerez, el 18 de enero de 2005, nombró al personal eventual de confianza de los partidos políticos que lo componían y, en concreto, designó a dos personas por parte del PSA.

El entonces teniente de alcalde, Pedro Pacheco, valiéndose de su puesto directivo en dos sociedades municipales y con la finalidad de conceder una prestación mensual a militantes de su partido, nombró como asesores a los otros dos condenados, sin contraprestación alguna, ordenando pagos por un total de 206.833,66. Unos nombramientos, según la sentencia, que trató de maquillar bajo la forma de contratos de asesoría o de naturaleza laboral utilizando las empresas municipales como si fueran suyas.

El alto tribunal considera que Pacheco con su conducta causó un «claro» perjuicio para los intereses públicos de la colectividad en materia tan sensible como son los caudales públicos, pero también afirma que existió «un daño no por inmaterial menos efectivo y de claro contenido demoledor, constituido por la pérdida de confianza de la ciudadanía en sus instituciones».

En este sentido, recuerda que «nada lesiona más la credibilidad de los ciudadanos en sus instituciones que ver convertidos a sus representantes políticos en los vulneradores de la legalidad de la que ellos son los primeros custodios».

La sentencia asevera que «causa sonrojo» la alegación de la defensa de que creía que actuaba correctamente y que los pagos realizados a los dos asesores «son lícitos, correspondiéndose con una contratación legal y una contraprestación en virtud del contrato suscrito y el servicio que prestaban para la Vicepresidencia de las sociedades por las que habían sido contratados».

Así las cosas, mantiene que esa tesis «no puede tener ningún recorrido ya que son conocimientos que «forman parte del nivel de conocimientos propio de una persona naturalmente socializada» y más en este caso que se trata de una persona que tiene «un nivel de conocimientos propio del nivel universitario, además, ha sido jefe de un partido político, ha desempeñado durante largos años el cargo de alcalde de una ciudad tan importante como Jerez.

Reacción de la defensa

El abogado defensor de Pacheco, Felipe Meléndez, explicó ayer que había hablado telefónicamente con Pedro Pacheco para comunicarle el fallo. Señaló que se encuentra «como cualquier persona a la que se le comunica una sentencia así, y en la que se le incrementa además la pena en un año al estimar el recurso del fiscal».

El letrado afirmó que el fallo del Supremo es «una noticia muy negativa» y declinó pronunciarse sobre si el exalcalde solicitará o no el indulto o si ingresará o no voluntariamente en prisión. Al respecto, comenta que aún «no hemos decidido nada».