Pacheco: «La venganza no existe en mi escenario político sólo la 'v' de victoria»

La penúltima sesión del juicio por el 'caso asesores' había generado más expectación que el primer día, cuando se vio a la exalcaldesa de Jerez, Pilar Sánchez, sentarse por primera vez en el banquillo de los acusados. Era una foto inédita, como ayer iba a ser retransmitir el momento en que Pedro Pacheco, que ya le advirtió hace más de tres años que saldría «trasquilada» por haberle denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción, cumplía con su palabra delante de un tribunal, arremetiendo contra su rival y ésta sentada en el lugar de los procesados. Sin embargo, ese momento no se produjo. Su abogado y las defensas que habían pedido también su comparecencia en calidad de testigo rehusaron usar su testimonio como prueba. Por tanto, la tan esperada comparecencia del exlíder andalucista se limitó a un encuentro breve con la prensa en la entrada de la Audiencia y el anuncio de que ofrecerá una rueda de prensa el próximo lunes para hacer su valoración personal sobre el caso.

Ante los micrófonos negó que la denuncia previa y haberse mantenido a solas como acusación popular (su amigo y compañero de partido José López desistió de continuar) fuera una suerte de ajuste de cuentas: «La venganza no existe en mi escenario político, sólo la v de victoria». Su letrado, Manuel Hortas, que es un abogado con mucho oficio, optó por dejar fuera de la vista oral una declaración que presumiblemente estaría cuajada de ataques hacia Sánchez. Además, Pacheco no se ha mordido la lengua a lo largo del proceso para cuestionar, en su estilo poco ortodoxo, la postura del Ministerio Público que solicita una sentencia absolutoria para la exalcaldesa. Con estos precedentes, la acusación popular prefirió no jugársela con un testimonio que podría restar más que añadir. Esta posibilidad ya se barajaba el día antes, pero el letrado de Pacheco prefirió no confirmarlo hasta que ayer, antes de empezar, salió de la sala para avisarle a su cliente que se podía marchar.

Con la renuncia del testimonio del denunciante, la jornada se descafeinó desde el punto de vista mediático, pero no jurídico. Los dos acusados que faltaban por declarar, Francisco Gil Cuevas y Rosario Cano fueron los dos primeros en hacerlo en el día de ayer. Ambos habían sido fichados por la exregidora en calidad de coordinadores generales y no se movieron ni una línea del testimonio aportado por Sánchez la mañana anterior. Dejaron claro que como funcionarios no tenían necesidad de ser enchufados en el Ayuntamiento. Gil Cuevas, preguntado por su letrado, admitió que su nómina se había visto mejorada en unos 300 o 400 euros mensuales: «pero en mi anterior destino trabajaba 25 horas a la semana y en el Ayuntamiento era una dedicación absoluta».

Colocados

La acusación popular trató de demostrar a través de los testigos que entraron en la sala que durante el gobierno de Sánchez se colocaba en la nómina municipal a personas afines al PSOE. Comparecieron varios ciudadanos que en el año 2005 estaban dados de alta en el servicio municipal de inserción laboral (Serjil) a través del cual se realizaron tres de las cinco contrataciones bajo sospecha.

El letrado de la acusación popular se centró sobre todo en el perfil de los aspirantes para compararlo con los tres militantes que finalmente entraron como técnico de Medio Ambiente, delineante y agentes de dinamización social. La mayoría tenía una titulación superior a los que finalmente se quedaron con el puesto; otros reconocieron que ni siquiera habían sido llamados para ser entrevistados. Sin embargo, la responsable del Serjil sostuvo durante su declaración que la idoneidad para el puesto no se limitaba a tener una mejor formación. Esta respuesta justificaba que, por ejemplo, en el caso de la acusada Dolores Caravaca, que tiene formación básica pero experiencia en el movimiento asociativo jerezano, se quedara con la plaza de dinamizador social en lugar de una joven que declaró ayer tener formación específica en esa materia.

La sesión fue a ratos soporífera, sobre todo durante la última declaración de un antiguo responsable del área de Recursos Humanos del Ayuntamiento, afectado también por el ERE que mantiene en el aire a 260 trabajadores que esperan pronunciamiento del Supremo. Este último testimonio fue quien cifró en unos 1.600 empleados públicos la composición de la plantilla municipal en el año 2005; siete años después y con una cifra próxima a los 2.000 trabajadores, el Gobierno local, ya en manos del PP, declaraba un ERE. Ese expediente ha sido declarado no ajustado a Derecho por el TSJA que considera que se articularon criterios arbitrarios y caprichosos para seleccionar a los despedidos. Esta semana se juzga en la Audiencia si se realizaron contrataciones también bajo esos mismo criterios poco objetivos.