El Gobierno asiste impertérrito a la exhibición soberanista en Cataluña

El Gobierno no se conmueve. Un día después de que cientos de miles de catalanes -1,8 millones según la Guardia Urbana y 520.000 según la Delegación del Gobierno en Cataluña- aprovecharan la Diada para reclamar la celebración de un referéndum sobre la independencia de Cataluña por tercer año consecutivo y abarrotaran las calles de Barcelona para formar una 'V' humana como símbolo de sus ansias de votar, Mariano Rajoy mantuvo incólume su discurso. Ni accederá a la celebración de una consulta que considera inconstitucional ni explorará otras vías, como la reforma federalizante del modelo autonómico propuesta por el PSOE, para tratar de encauzar las demandas expresadas por buena parte de la sociedad catalana.

No lo dijo él, porque probablemente eso habría sido conceder a la exhibición de fuerza lograda por los soberanistas una trascendencia que el jefe del Ejecutivo está empeñado en negar. Rajoy dejó la respuesta a la multitudinaria reivindicación en manos de Soraya Sáenz de Santamaría, que como todos los viernes compareció para informar sobre la reunión del Consejo de Ministros. «El Gobierno respeta el derecho de todas las personas que se manifestaron en distintos lugares de Cataluña -dijo- pero la misma Constitución que ampara su derecho a manifestarse es la que establece los procedimientos por los que los gobernantes pueden cambiarla». Nada mínimamente novedoso.

La vicepresidenta argumentó, de hecho, que el Ejecutivo hace lo único que está en su mano hacer. «No puede cambiar su posición -alegó- porque no es derivada de una decisión ni un capricho». Su estrategia pasa por tratar de dar al asunto una pátina de normalidad institucional. A pesar del nulo efecto político que han tenido hasta la fecha las medidas de índole económica con las que la Administración General del Estado ha ayudado a la sostenibilidad financiera de Cataluña -30.000 millones en lo que va de legislatura a través de mecanismos como el Fondo de Pago a Proveedores o el Fondo de Liquidez Autonómica- el Gobierno sigue apostando por esa vía como si gracias a ella las aguas del independentismo pudieran comenzar a bajar tranquilas.

«Asuntos de interés»

Sáenz de Santamaría defendió así que «hay días más allá del 9-N», la fecha para la que Artur Mas tiene previsto convocar la consulta y que su intención es seguir hablando para «abordar los asuntos que son del interés de la mayoría de los ciudadanos». También aprovechó la ocasión para recordar que ayer mismo el Consejo de Ministros aprobó la transferencia de 1.700 millones de euros que le corresponden a Cataluña en virtud de alivio financiero acordado entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de julio.

El hecho de que Artur Mas acudiera a su última cita con Rajoy en la Moncloa, hace apenas dos meses, con una lista de 23 peticiones de distinta índole, infraestructuras, medidas en materia de sanidad o de educación, alentó en el Gobierno la idea de que el 'soufflé' independentista pudiera estar bajando y que su relación pudiera reconstruirse sobre otras bases. El propio presidente de la Generalitat contribuyó a esa idea al dar a entender que ya estaba resignado a que no hubiera consulta porque sabía que el Constitucional la prohibiría y no es su intención saltarse la ley y al defender que, en todo caso, el Gobierno central y el autonómico están obligados a hablar de otras muchas cosas que afectan al día a día de sus ciudadanos.

No parece, sin embargo, que en lo inmediato vaya a ser posible. El Parlamento de Cataluña tiene previsto aprobar el próximo viernes la ley de consultas con la que pretende dar cobertura jurídica al referéndum y el Gobierno ya ha decidido recurrirla ante el Constitucional de inmediato. «Les recuerdo a algunos miembros de la Generalitat que si el Gobierno plantea el recurso y lo pide -avisó Sáenz de Santamaría-, la suspensión es automática». Eso significa que la consulta no podría convocarse.

Mientras este debate siga vivo las conversaciones sobre otras cuestiones tendrán difícil cabida. El Gobierno insiste en que su marco es la ley, que quien quiera cambiar la Constitución puede hacerlo por los cauces pertinentes. Pero también esa vía está cegada. Y lo está porque el PP no cree pertinente abrirlaen estos momentos. «Antes de iniciar procedimientos que pueden generar frustraciones -alegó la número dos del Gobierno- hay que saber lo que se plantea».