La jueza pide sentar en el banquillo por prevaricación a Sánchez y Corrales

La titular del nº 2 ha cerrado la instrucción de una de las causas judiciales que mantiene imputados a la alcaldesa de Rota, Eva Corrales (PP), y a su mano derecha en el Gobierno local, Lorenzo Sánchez de RRUU (Roteños Unidos), anterior regidor de la localidad entre 2003 y 2010, año en el que cedió el bastón a la popular. Se trata del 'caso horas extras' que ha investigado el sobresueldo que venía cobrando un funcionario afín a través de un procedimiento irregular.

La denuncia partió de IU, pero fue tras una investigación de la Guardia Civil cuando en 2013 la Fiscalía Anticorrupción llevaba el caso a los tribunales por indicios de prevaricación. La instructora ha dado carpetazo a la fase de instrucción y ha dictado un auto en el que solicita la apertura de juicio oral contra los dos socios de Gobierno y otras siete personas más, entre ellas el interventor del Consistorio. La jueza les considera responsables indiciariamente de un delito de prevaricación. Si bien, fuentes judiciales han confirmado que el auto ya ha sido recurrido por todos los imputados ante la Audiencia provincial.

De todos los asuntos judiciales que tienen abiertos ambos políticos es el de menor envergadura en cuanto a folios de sumario y el tiempo de desarrollo de la instrucción. Fue en noviembre cuando declararon por primera vez los imputados en sede judicial y no ha transcurrido ni un año cuando la instructora ha decretado la apertura del juicio oral. Encima de la mesa los 50.000 euros que se embolsó un funcionario del Ayuntamiento a través de horas extraordinarias irregulares. Se trata de un empleado público, también imputado, al que llevan años encomendando en el Consistorio la confección de prendas como las bandas de las ninfas del carnaval, las dalmáticas de los maceros y demás elementos que engalanan los edificios municipales durante las fiestas de la localidad. La investigación se ha centrado en los encargos que recibió entre 2007 y 2010 aunque las pesquisas han revelado que venía desempeñando ese trabajo desde antes. Sin embargo, todo lo que pudo ejecutar con anterioridad al 2007 ya ha prescrito, indicaron las mismas fuentes.

Por su condición de trabajador público le está prohibido acceder a contratos con la Administración. Para eludir el régimen de incompatibilidades, Anticorrupción sostiene que el Ayuntamiento le facturó en un primer momento los trabajos, aunque las facturas iban a nombre de su mujer. Por esta facturación, la esposa de Manuel G. R. también ha sido imputada. Ese sistema de facturas fue cambiado durante el Gobierno de Lorenzo Sánchez y con Eva Corrales como delegada de Fiestas para pasar a computarle los encargos por horas extraordinarias, aunque su destino en el Ayuntamiento, como administrativo en el área de Recaudación, nada tiene que ver con la confección de prendas. A través de ese sistema, el empleado cobró un sobresueldo de 42.363 euros sólo en horas extras.

Malestar interno

Esta fórmula propició que en la nómina de este trabajador aparecieran picos de actividad sorprendentes como las 267 horas que le abonaron en el mes de agosto de 2010. Este trato preferente sentó malestar en otros trabajadores municipales. Así, una denuncia anónima que incluía una copia de los cuadrantes fue dejada en la sede del Grupo municipal de IU. Esa documentación recogía el importante desfase de horas extras entre el funcionario imputado y el resto de compañeros; una diferencia que según IU podría cifrase en «unos 2.500 euros más al mes».

Tanto Corrales como Sánchez declararon en su día que desconocían que estuvieran realizando algo ilegal. El interventor también dijo lo mismo cuando le preguntaron si esos trabajos no debieron salir a concurso público como marca la ley. Igualmente están imputados otros cuatro funcionarios que estaban al tanto de estos encargos bajo cuerda, entre ellos Ismael Puyana, exedil del PP, investigado en el 'caso uniformes'. La empresa Pacheco Puyana que abrieron su mujer y la esposa de Lorenzo Sánchez fue otra de las adjudicatarias de contratos públicos.

Esta primera decisión judicial relevante, que en esencia significa que una jueza pide sentar en el banquillo a los regidores que han dirigido la Alcaldía roteña durante más de diez años, supone un severo contratiempo para el discurso oficial del Gobierno local que ha negado sistemáticamente cualquier irregularidad y ha achacado las distintas investigaciones penales abiertas a una suerte de guerra judicial emprendida por el PSOE para derrocarles. En este caso, la denuncia fue planteada por IU y tramitada ante los juzgados por Anticorrupción.

Corrales y Sánchez no sólo han contado con el respaldo de sus concejales. En el caso de la alcaldesa, el PP ha cerrado filas en torno a ella y recientemente era el presidente provincial, Antonio Sanz, quien dijo sentirse «orgulloso» de su compañera de partido y le expresaba su «apoyo radical». Esas declaraciones se producían tras una reunión de la dirección de los populares para fijar un nuevo plan de acción política el pasado mes de mayo y el encuentro lo celebraron en Rota, coincidiendo esos días que la localidad era noticia por los avances en la investigación del 'caso uniformes'; otro de los procedimientos que trata de esclarecer si Lorenzo Sánchez y otros concejales de RRUU se lucraron a través de contratos públicos con la connivencia del resto del Gobierno.