Las administrativas de colegios de Cádiz exigen volver a sus puestos de trabajo

De las 92 administrativas de colegio cuyos contratos terminaron con el curso pasado; 82 denunciaron el caso ante la justicia y ayer les tocó el turno de declaraciones ante el juzgado de lo social número 2 de Cádiz a las 38 que pertenecen al partido judicial de la capital (Bahía y La Janda). Estas administrativas, que desempeñaron sus funciones en más de medio centenar de centros durante siete años entraron a los juzgados con esperanzas renovadas después de la demoledora sentencia que dictó un día antes un juez cordobés en contra de los alegatos de la Junta. Las denunciantes cordobesas, cuyos casos son casi idénticos a los de las gaditanas (los más parecidos de las 840 que sufren esta situación en Andalucía), han conseguido que un juzgado declare su despido improcedente, por cesión ilegal de plantilla y reconociéndoles la antigüedad laboral. La portavoz de las administrativas gaditanas, Esther Porquicho, manifestó ayer que pretenden «ir más allá y conseguir la nulidad del despido». Porquicho apuntó que «como mínimo queremos lograr lo mismo que las compañeras de Córdoba, aunque estamos convencidas de que se trató de un despido nulo por vulnerar los tres principios que se recogen en la última reforma laboral».

Del juicio celebrado ayer, trascendió que el letrado de la Junta, Octavio Mesa, el mismo para todas las denuncias de este tipo en Andalucía, alegó que el responsable de esta situación sufrida por las trabajadoras es el ente de Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE), organismo dependiente de la Junta, que tiene entre sus funciones la contratación de estos servicios. Pero dicho ente alegó que lo hacía siguiendo el dictado de la Junta.

Este cruce de acusaciones en el juzgado entre ambas instituciones andaluzas no se traslada a las declaraciones que realizaron los responsables políticos de la propia Junta de Andalucía. Ayer mismo, nada más conocerse la sentencia del juzgado cordobés, que se posicionaba a favor de las extrabajadoras, el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, aseguró que la Junta de Andalucía estudiará las sentencias que instan a la readmisión de los monitores administrativos en colegios públicos cuyos contratos «no fueron renovados, y cumplirá los compromisos adquiridos con este colectivo». En el mismo sentido que ya se pronunció el consejero de Educación, Luciano Alonso, Vázquez aseveró: «Tengan por seguro que llevaremos adelante todos los compromisos adquiridos por la presidenta de la Junta y el consejero de Educación con los monitores», y subrayó que los monitores «saben bien que eso va a ser así».

Próximos juicios

Las monitoras administrativas que fueron despedidas de colegios públicos andaluces después de que la Inspección de Trabajo detectara irregularidades en su situación laboral, descrita como «cercana a la esclavitud», confían de hecho en que la Junta «acate» las decisiones judiciales y les readmita porque «no queremos indemnización «sino nuestros puestos de trabajo», como apuntó ayer la representante de las trabajadoras en Cádiz.

En el próximo mes de mayo otras demandas colectivas por la misma situación se celebrarán en juzgados de Algeciras y Jerez, hasta completar las 82 denuncias presentadas en esta provincia.