Sánchez Maldonado explica el acuerdo tras el Consejo. :: EFE
ANDALUCÍA

La Junta reduce un tercio de los trámites para crear una empresa

La eliminación de trabas burocráticas prevé acortar los tiempos para iniciar una actividad económica incluso hasta alcanzar las 48 horas

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Constituir una empresa en Andalucía será más fácil a partir de la entrada en vigor del decreto de reducción de trabas administrativas aprobado ayer por el Consejo de Gobierno. El acuerdo, comprometido por la presidenta en su investidura, se produce dentro de las iniciativas políticas para reactivar la economía, en unos momentos en que fondos de inversión y grandes capitales internacionales vuelven a fijarse en la comunidad para hacer negocio. Además, responde a una de las quejas más extendidas de los empresarios, que consideran las trabas burocráticas uno de sus grandes obstáculos.

El acuerdo adoptado por el Gobierno andaluz persigue que una empresa pueda iniciar su actividad incluso en 48 horas, en algunos casos, para superar los datos ofrecidos por el consejero de Economía, José Sánchez Maldonado: según el Banco Mundial, abrir un negocio en España requiere una media de diez procedimientos y 23 días, el doble que la media de los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), que es de cinco procedimientos y 11 días.

El decreto, que se tramitará como proyecto de ley para incorporar las aportaciones de los grupos parlamentarios, reduce o elimina 64 procedimientos administrativos autonómicos y a la vez se plantea trabajar con la Administración General del Estado para hacer lo mismo con los trámites que dependen de ella. Supone un tercio de los 'papeleos' autonómicos que ha de completar un emprendedor y el consejero de Economía lo valoró como «un ejercicio de transparencia inédito»: Para crear una empresa hacen falta 535 autorizaciones, de las que 315 dependen de la Administración central. De las 220 autonómicas 26 están justificadas en normas estatales, 130 han de mantenerse por razones de interés general (orden público, salud, medio ambiente...) y los 64 restantes se reducen a partir de ahora, lo que supondrá modificar 8 leyes, 19 decretos y 6 órdenes. Como desde 2011 se han simplificado otros 85 trámites, la Junta eleva a 149 los cambios para facilitar las nuevas actividades empresariales.

De estos 64 trámites 23 se sustituirán por una 'declaración responsable', que implica la firma de un documento acreditativo del cumplimiento de las condiciones para el desarrollo de la actividad; 22 pasarán a requerir tan sólo una comunicación previa, limitada a la notificación, y los 19 restantes se eliminarán totalmente.

En materia de licencias municipales se contemplan modificaciones sobre Calidad Ambiental. En 36 categorías económicas, sobre todo pequeños comercios, será suficiente la presentación de una declaración responsable para iniciar la actividad.

Además se crea la «declaración de inocuidad» que concede a los ayuntamientos la posibilidad de eximir de la declaración de impacto ambiental a las nuevas actividades que no generan molestias significativas, alteraciones de las condiciones normales de salubridad e higiene del medio ambiente, daños a bienes públicos o privados y riesgo para las personas.

Sin pagar notario

En una segunda batería de medidas, bajo el epígrafe «@Emprende+», la Junta se compromete a reducir los tiempos y trámites para la constitución de un negocio y a correr con los gastos notariales y de registro, que tienen un coste medio de 200 euros.

Sánchez Maldonado afirmó que se disminuirá de un mes a cinco días el trámite de constitución de una cooperativa; se impulsará la creación de una sociedad limitada o sociedad limitada nueva empresa en un máximo de 48 horas, y en el caso de la autorización para las sociedades laborales se otorgará en tres días, frente a la media actual de tres meses. Además, se va a ofrecer asesoramiento a los autónomos, que podrán darse de alta en un día, y se crea una red de puntos de atención al emprendedor, en todas las sedes de la Fundación Andalucía Emprende, CADE e Idea.

Por último, el decreto aprobado asigna nuevas funciones a la Agencia para asesorar en los proyectos normativos de la actividad económica, mediar entre los operadores y asesorar a las corporaciones locales en sus normativas.

Sánchez Maldonado, que no valoró el impacto en empleo, dijo que la totalidad de las normas estarán en vigor a finales de año.