La Junta aprueba un decreto para ordenar el trabajo de 7.000 funcionarios de Justicia

El Consejo de Gobierno aprobó ayer el decreto que regula la nueva organización y estructura de las oficinas Judicial y Fiscal en Andalucía en cumplimiento de la legislación estatal. La Junta comenzará a implantar este modelo en los juzgados de Vélez Málaga y El Ejido (Almería), mientras que la experiencia piloto de la oficina fiscal arrancará en la capital de Sevilla. La medida afecta a unos 7.000 funcionarios en Andalucía, pero su implantación completa no se verá hasta dentro de unos años, según el consejero de Justicia e Interior.

Emilio de Llera explicó que el nuevo modelo significará un «cambio de cultura» y «revolucionará» la administración de Justicia en Andalucía. «Se trata de buscar una mejor distribución del trabajo en equipo», dijo De Llera, para agilizar la administración de Justicia, aunque admitió que eso no impedirá que instrucciones como la de los ERE se alarguen años ya que esto depende de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que concede al juez instructor tiempo sine die para investigar.

La futura oficina judicial sustituirá la configuración vigente, con un juez, secretario y personal adscrito a cada juzgado, por otra en la que el personal funcionario se especializará en un cometido y trabajará no ya para un juzgado solo sino para varios. El nuevo modelo descargará a los jueces de las labores de organización, que pasarán a depender de los secretarios judiciales, quienes, en opinión del consejero, «están muy desaprovechados». Tendrá dos áreas de trabajo: unidades procesales de apoyo directo y servicios comunes procesales. Las primeras asistirán directamente a los jueces, pero las segundas no estarán integradas en juzgados concretos y asumirán labores de gestión y apoyo.

De Llera se mostró dispuesto a negociar con los sindicatos la nueva ordenación, que implicará cambios en el trabajo de miles de funcionarios. El CSIF ya avisó ayer que se opondrá. El viejo proyecto de la oficina judicial nace con incertidumbre, ya que la futura ley de demarcación judicial que prepara el Gobierno puede obligar a replantear la ordenación, según admitió.

El consejero, fiscal y polémico por declaraciones sobre actuaciones judiciales, dijo al ser preguntado sobre una sentencia en la que un juez criticaba a la Junta sobre la recuperación del dinero de los ERE: «¿Quién es un juez para criticar la actuación de un Gobierno?, lo que tiene que hacer es resolver y juzgar y no permitirse esas licencias».