Los vaivenes de Wert

Rectificación, cambio, modificación o revisión son palabras muy utilizadas esta legislatura en el Ministerio de Educación. Si hay un verso suelto en el Gobierno, es sin duda José Ignacio Wert. No en una, ni en dos, sino en varias ocasiones el ministro ha tenido que corregir sus propuestas iniciales en temas tan sensibles como la reforma educativa, el sistema de becas o las ayudas a los erasmus. Wert llegó al cargo con el mandato expreso de Mariano Rajoy de reformar el sistema educativo para reducir la elevada tasa de abandono escolar en España (el doble que en la UE). Dos años después la Lomce está a punto de ser aprobada tras superar un tortuoso y dilatado proceso prelegislativo y de tramitación parlamentaria. En ese camino la normativa ha sufrido continuos cambios en ámbitos tan importantes como el papel de la Religión en las aulas, los contenidos de la asignaturas, las lenguas cooficiales, la financiación de la normativa o su calendario de implantación. Unos vaivenes del ministro han marcado su tensa relación con la comunidad educativa, con las comunidades autónomas y su propio partido. Estos son algunos de los principales cambios.

Religión no evaluable

A nivel curricular uno de los principales cambios producidos en la Lomce durante ese largo proceso de tramitación tiene que ver con la Religión. En el anteproyecto de ley no se contemplaba que la asignatura confesional fuese evaluable. Este aspecto fue introducido por sorpresa justo antes de aprobarse en el Consejo de Ministros, contradiciendo lo mantenido hasta entonces por los responsables educativos. Así, la Religión y sus asignaturas alternativas (Valores Culturales y Sociales en Primaria y Valores Éticos en Secundaria) pasaron a contar para la nota media del curso, el acceso a las becas y para que un alumno repita. Algo que no ocurría desde la aplicación de la Logse en 1992. Se atendió así una de la principales reivindicaciones de la Iglesia.

Control de contenidos

Una de las modificaciones de mayor calado tiene que ver con la fijación de los contenidos de las asignaturas troncales. En el primer borrador, se proponía aumentar diez puntos los contenidos comunes de estas asignaturas hasta suponer el 65% para las comunidades autónomas con lengua cooficial y el 75% para el resto. La medida fue corregida en un borrador posterior presentado a finales del año pasado en el que se estipulaba que «dependerá de la Administración General del Estado determinar los contenidos y el horario mínimo del bloque de asignaturas troncales». Estas materias son la gran mayoría: Lengua, Matemáticas, Inglés, Biología y Geología, Física y Química, Geografía e Historia. La decisión desató un fuerte enfrentamiento con algunas comunidades autónomas, que acusaron a Wert de «recentralizar» la educación e invadir sus competencias.

Modelo lingüístico

Una de las mayores polémicas que acompaña a la Lomce es el tratamiento del castellano en comunidades con lenguas cooficiales. Desde un principio los borradores ministeriales dejaban claro su intención de «garantizar el derecho de los alumnos a recibir las enseñanzas en castellano» como lengua vehicular permitiendo a las comunidades con lengua propia determinar «la proporción razonable» del uso del castellano en las aulas. Sin embargo, el mecanismo que el Gobierno se reservaba para hacer cumplir ese derecho sí sufrió cambios.

Educación pretendía obligar a la comunidad autónoma a asumir el coste de la escolarización de un alumno en un centro privado que ofreciera el castellano como lengua vehicular. Pero el Consejo de Estado en su dictamen puso pegas a esa medida por considerarla de difícil aplicación «técnico-jurídica» y por invadir las competencias autonómicas. El ministerio buscó una salida mediante la cual será el Estado el que adelantará el coste de escolarización de un alumno en un centro privado y posteriormente descontará el montante equivalente de las transferencias que recibe la comunidad autónoma de la administración central.

Fondos europeos

La financiación de la Lomce ha sido (y es) uno de los mayores quebraderos de cabeza para Wert. En la memoria económica del Ministerio la implantación de la normativa tendrá unos costes directos de 400 millones de euros. Este dinero lo asumiría el Estado, mientras las comunidades deberán hacer frente a los costes indirectos (refuerzo de la FP o los dos itinerarios en 4º ESO), los más cuantiosos y que en el escenario más optimista alcanzarían los 927 millones. Para superar las reticencias de la mayoría de comunidades autónomas -cuyos ajustados presupuestos hacen inviable tal desembolso- el Gobierno tuvo que cambiar de plan y mirar a Europa, desde donde espera recibir 200 millones de euros de fondos comunitarios para aliviar la situación. Algo que aún está por ver.

Ritmo de aplicación

El último contratiempo para Wert ha sido el retraso del calendario de implantación de la normativa. Quería introducir la ley en dos años, pero la presión de las comunidades obligó de nuevo a cambiar sus planteamientos y aumentar un año más el desarrollo de la ley. La Lomce solo se aplicará así en Primaria el próximo curso, dejando para el 2017 las evaluaciones al final de cada etapa y retrasando hasta 2018 el fin de la Selectividad.