PSOE e IU se niegan a abrir una comisión de investigación del Plan Bahía Competitiva

El pleno del Parlamento andaluz rechazaba ayer, con los votos del PSOE de IU, la petición del PP de crear una comisión de investigación sobre las actuaciones de la Agencia pública IDEA en la concesión de más de 50 millones de euros en ayudas para el Plan Bahía Competitiva de Cádiz entre 2007 y 2012. De ese montante total, 21 millones acabaron en paraísos fiscales y productos financieros, según la investigación policial. Otros 26 que habían sido otorgados pudieron ser rescatados antes de que se librara el dinero.

El PSOE, que ha atribuido la petición del PP a su interés en «castigar» al Gobierno andaluz, ha rechazado la comisión porque «no tiene ningún sentido» ya que la Junta fue la que denunció ante la justicia el caso, según el diputado José Juan Díaz Trillo.

Ignacio García, de IU, ha dicho que el PP hace un «ejercicio de muy escasa seriedad» y no tiene «autoridad moral» porque no pide la comisión en la Diputación de Cádiz, que gobierna el PP con mayoría absoluta e informó de las ayudas que se concedieron, o en el Ayuntamiento gaditano por el caso de la Zona Franca.

El rechazo a esta comisión de investigación se produce después de que PSOE e IU sí aprobaran la creación de una comisión para investigar el fraude de los ERE, que se desarrolló durante el verano del 2012.

La diputada del PP Ana María Mestre, por su parte, ha defendido la necesidad de crear esta comisión de investigación para combatir la corrupción, y ha dicho que el PSOE e IU, que gobiernan en coalición, «siembran más dudas» sobre el caso con su negativa. «Estamos hablando de una trama perfectamente orquestada en beneficio de unos pocos» que supuso el «robo» de millones de euros para los parados de Cádiz, indicó la diputada del PP.

Mestre ha reprochado que los diputados socialistas y de IU «siguen intentando minimizar las consecuencias de la trama que orquestó el PSOE» para «llenar los bolsillos de sus amiguetes» en detrimento de los parados gaditanos.

El caso incluye a 31 imputados, entre ellos altos cargos socialistas como Antonio Perales o la gerente de IDEA, ha recordado la diputada del PP, quien ha señalado que con la comisión quieren saber «si estamos ante expedientes falsos, alteración de puntuaciones, amiguismo, falta de normas o abusos».

Mestre ha agregado que la sobrina de Perales estaba en la nómina de las empresas, lo que ha calificado como «tráfico de coincidencias», y ha lamentado que uno de los empresarios más beneficiados por las ayudas haya sido un industrial gallego como Ouviña, cuyos proyectos empresariales no obtuvieron respaldo alguno en su tierra.

IU considera que la desaparición de 25 millones de euros en las ayudas tiene «un tufillo localista de alguien ansioso de ganar elecciones locales» que finalmente no ganó, y que incluye la actuación de un funcionario que reconoció que un «capo gallego se la dio con queso».

El diputado de IU, tras recordar que las ayudas las daba el Gobierno central tras oír a la Diputación y la Junta, ha apuntado que es «difícil» que participen con el PP en una comisión de investigación porque en la de los ERE fueron «con las conclusiones escritas» y votaron en contra «con tal de chantajear y dinamitarla».

Díaz Trillo, por su parte, ha enfatizado que en el Parlamento se les ha respondido al PP en 18 ocasiones a lo ocurrido en este caso, a pesar de lo cual hacen «oídos sordos» e insisten en iniciativas como la de hoy, que ha enmarcado en la necesidad de «prestar un favor» a sus compañeros de Madrid.

El diputado socialista ha recordado que fue la Junta la que denunció judicialmente el caso y ha reprochado al PP que no aprueban comisiones de investigación en ninguna de las instituciones en las que gobiernan, como en el Congreso, donde son «alérgicos» a esa figura parlamentaria.