La dirección regional respalda la gestión del secretario provincial

El secretario general de UGT en Andalucía, Francisco Fernández Sevilla, defendió ayer el «trabajo únicamente sindical» que, a su juicio, desarrolló el secretario provincial de esta organización en Cádiz, Salvador Mera, -detenido el pasado martes en la segunda fase de la 'Operación Heracles', vinculada al caso de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE)- en el ERE de la Faja Pirítica de Huelva que tramitó la Junta. Este asunto, según destacó, contó con «el acuerdo total» del actual presidente del PP andaluz, Juan Ignacio Zoido, entonces delegado del Gobierno en Andalucía. En una rueda de prensa en Jaén, Fernández aseguró desconocer los «motivos» por los que su compañero se encuentra «retenido», ya que, según indicó, esta nueva fase de la Heracles está «bajo secreto de sumario», pero subrayó que Mera en los expedientes de la Cuenca Minera onubense «lo que hizo únicamente fue un trabajo sindical para buscar una solución» a la situación que atravesaban entonces esos trabajadores y «tratar de favorecer que éstos recibieran una prestación adecuada». Al hilo de ello, remarcó que las ayudas que se concedieron en esa comarca contaron «con el acuerdo total del Ministerio de Trabajo, entonces dirigido por Eduardo Zaplana (PP); la Delegación del Gobierno de Andalucía, al frente de la cual estaba Juan Ignacio Zoido; la Junta de Andalucía y los alcaldes de los pueblos de ese territorio». Tras reiterar su deseo de que «en breve» se pueda «saber qué es lo que hay» detrás de la detención de Mera, el máximo dirigente de UGT-A confirmó que el sindicato «se ha puesto en contacto con una serie de profesionales» del ámbito jurídico para que puedan ejercer la «defensa legal» de su compañero de Cádiz, del que, según aseveró, no tiene «constancia de que haya hecho algo irregular» y al que ha enviado «todo su apoyo personal para que pueda salir adelante». En ese sentido, Fernández explicó que los afiliados al sindicato, por el hecho de serlo, tienen «derecho a la prestación de una serie de servicios, entre ellos, jurídicos», que, en todo caso, se satisfacen «con cargo a su afiliación». «UGT se financia con las cuotas de sus afiliados -que en Andalucía son cerca de 200.000-, que sufragan el trabajo que desarrolla», subrayó.