Un pufo que destroza la imagen de Cádiz

Las investigaciones llevadas a cabo por la Sección de Blanqueo de Capitales de la UDYCO de Sevilla, ordenadas por el juzgado número 4 de Cádiz, han puesto de manifiesto que detrás del denominado 'Plan Bahía' había una trama organizada para captar subvenciones públicas y colocarlas en paraísos fiscales. La actuación del juzgado gaditano en estos dos años de pesquisas ha sido clave para sacar a la luz un pufo de tamaño descomunal en el que, presuntamente, estaban implicados funcionarios de la Diputación de Cádiz, altos cargos del Ministerio de Industria de la etapa socialista y empresarios. Queda ahora por resolver si detrás de estas operaciones se escondía la mano de algún político. La juez ha imputado a 31 personas que tendrán que responder ahora sobre la evasión de unos 21 millones de euros, la cifra puede ser aún mayor, entre los años 2008 y 2011. El fraude cometido con las ayudas a la reindustrialización de Cádiz es de tal calado que no puede quedar ahora en un simple rifirrafe político. Mientras que los populares apuntan hacia arriba buscando la responsabilidad de algún dirigente socialista, la dirección del PSOE se defiende mirando para otro lado y poniendo el dedo en la llaga con el 'caso Rilco' de Zona Franca, una de las espinas que tiene clavadas el PP por su gestión al frente del recinto fiscal durante la etapa de Gobierno de Aznar. El denominado caso 'Plan Bahía' ha dañado la imagen de la provincia y ahora se sufren los efectos de este pufo millonario. Los nuevos gestores del Ministerio de Industria han endurecido las requisitos para conceder las subvenciones. Es difícil, casi imposible, pero PP y PSOE deben remar juntos para aclarar este fiasco en el que están imputados desde el empresario Arespacochaga, a la exconcejal socialista de Sanlúcar, María José Valencia, y a la gerente provincial de la Agencia IDEA, Rosa Mellado.